En seis meses, la CDHE abrió siete expedientes en contra de la SSP estatal

En el primer semestre de este año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) abrió siete expedientes relacionados con violaciones a las garantías de los ciudadanos ejecutadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

De estos casos derivaron cuatro conciliaciones entre la parte quejosa y la SSP, por lo que no se tienen versiones públicas de las quejas en la página de transparencia del organismo.

Además, se emitieron tres recomendaciones por las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.

La recomendación 14/2013, emitida el 28 de junio, corresponde a los hechos que se dieron en el municipio de Francisco Z. Mena en septiembre del año pasado, cuando elementos de la policía estatal desarticularon una protesta en la que participaban habitantes de dicho municipio.

En esa ocasión se detuvieron a 26 personas, quienes habían bloqueado una carretera, para exigir que Pemex reparara el camino Metlaltoyuca-Castillo de Teyao, el cual fue dañado por los trabajos que realiza la paraestatal en la región.

En la recomendación, la CDHE reportó que en la movilización los policías violaron los derechos de seguridad jurídica, integridad y seguridad personal de los 26 detenidos, al arrestarlos con exceso de violencia.

Otra de las recomendaciones emitidas está relacionada con la detención de los indígenas Juan Lucas y Santiago Gregorio en el municipio de Huitzilan de Serdán el 25 de noviembre del año pasado, bajo el argumento de que habían asaltado un camión de Liconsa.

En la recomendación se detalla que los elementos de la Policía Estatal Preventiva que arrestaron a los dos pobladores violentaron los derechos de integridad física y jurídica de los indígenas, al detenerlos de manera arbitraria; además, en su traslado al penal los efectivos los golpearon para obligarlos a que confesaran los delitos que se les imputaban.

El tercer caso por el cual la CDHE emitió una recomendación dirigida a la SSP fue el de la detención realizada por agentes de Vialidad estatal hacia un grupo de migrantes que fueron encontrados en la zona de Izúcar de Matamoros.

En este caso, la violación estuvo relacionada con el derecho al tránsito en el territorio mexicano, pues los agentes detuvieron al grupo de personas bajo la idea de que eran migrantes ilegales.

Además, en la recomendación se resalta que si los detenidos habían violado leyes migratorias, no era facultad de los efectivos de la SSP arrestarlos, pues esto solo lo pueden hacer representantes del Instituto Mexicano de Migración.