Reclamo por Ley Bala llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

México. D.F. La diputada federal del Partido del Trabajo, Loretta Ortiz Ahlf, llevará hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el reclamo por la aprobación de la “Ley Bala” en el estado de Puebla, misma que autoriza a la policía estatal el uso de armas letales contra manifestantes.

La legisladora lamentó que diputados locales del PRI, PAN, PRD y Panal hayan avalado la propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle de criminalizar las protestas sociales en la entidad poblana.

Loretta Ortiz Ahlf recalcó que la implementación de la llamada “Ley Bala” atenta contra cualquier derecho fundamental, por lo que hizo un llamado a los diputados locales de Puebla para que presenten una acción de inconstitucionalidad, ya que contraviene el artículo primero de la Constitución Política.

“Este tipo de disposiciones vulneran los derechos fundamentales y las garantías individuales de las que goza todo individuo, de persistir esta situación cabría una reclamación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; es lamentable que esta ley autorice a la policía el ejecutar o matar a las personas sin someterlas a juicio, lo que es indignante, porque en ningún país civilizado podría aceptarse o autorizarse una acción así”, aseveró.

La diputada petista destacó que en el estado de Puebla existe una gran inconformidad por el autoritarismo del gobernador Rafael Moreno Valle, quien se empeña en imponer diversos proyectos, entre ellos un gasoducto, por lo que advirtió al gobierno estatal que, criminalizar la protesta sólo agravaría la situación que se vive en esta entidad, pues la protesta social es la única válvula de escape que tiene la sociedad, dijo.

Subrayó que ella ya trabaja en la redacción del documento que entregará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y adelantó que incluirá el caso de las personas detenidas arbitrariamente por el gobierno del estado de Puebla por oponerse a los proyectos que, dijo, son anti-ambientales y anti-derechos humanos.

“No es posible que en el siglo XXI en México se esté aprobando una ley de esta naturaleza”, recalcó.