Demanda rector de la Ibero garantías para campesinos frente a Gasoducto

Garantías y protección para los campesinos y personas pobres de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, afectados por la construcción del Gasoducto Morelos, demandó el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Fernando Fernández Font.

El académico y sacerdote jesuita consideró que estos grupos serán los más perjudicados con el proyecto que impulsa la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque carecen de recursos económicos para una defensa jurídica en caso de que la paraestatal no los indemnice de manera justa por ceder sus tierras y parcelas para el paso de los ductos de gas natural.

Los municipios de Puebla -donde habitan 407 mil personas- que atravesará el Proyecto Integral Morelos son: Huejotzingo, San Pedro Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, San Gregorio Atzompa, Ocoyucan, Atlixco, Huaquechula, Atzitzihuacan, Acteopan, Nealtican y Cohuecan.

Al ser una obra que va a desarrollar las empresas de capital español Elecnor, Abengoa y Enagás, el gobierno estatal debe cuidar que no se abuse de la sociedad y de la gente de los pueblos, explicó.

Es importante recordar que el Proyecto Integral Morelos incluye dos centrales termoeléctricas y un gasoducto de 160 kilómetros de longitud y 30 pulgadas de ancho, que costará 270 millones de dólares.

Defiende rector a activistas

Las grandes empresas se aprovechan de los campesinos y de las riquezas naturales para su conveniencia, por lo que es obligada la vigilancia para que no haya anomalías ni se paguen pequeños montos a los campesinos por sus tierras.

Defendió el trabajo de organismos como el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Puebla-Tlaxcala, que ha representado la causa de los pobres y de los que no tienen voz.

La instalación del Gasoducto Morelos es un tema polémico, ya que las autoridades nos han dicho que el gas que transporta no es flamable y que en su instalación habrá todas las medidas de seguridad, aunque algunos estudios señalan lo contrario, detalló.

Ahora que ya están haciendo el proyecto, lo mínimo que deben hacer es trabajar para que existan garantías de seguridad y se eviten riesgos para los habitantes de los pueblos por donde atraviesa el ducto, concluyó.