Nación
Desde San Lázaro informan del caso Chalchihuapan a la ONU y CIDH
Piden intervención de relator especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; ofrecen diálogo a RMV
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados federal, a través de su secretaria, la diputada perredista Margarita Elena Tapia Fonllem, presentó un informe de los casos de la "Ley Bala" y San Bernardino Chalchihuapan ante el relator especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancias a las que se solicitó su intervención para la protección de las garantías individuales de las víctimas.
En conferencia de prensa, Tapia Fonllem dijo que el objetivo es que esas instancias puedan recabar elementos “sobre una situación que significa un riesgo para la ciudadanía y puedan reunir los datos y la información suficiente para fincar responsabilidades a la Procuraduría del Estado de Puebla” y otras autoridades involucradas en el asesinato del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
En el palacio legislativo de San Lázaro, acompañada por la legisladora poblana Roxana Luna Porquillo, la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja anunció también que solicitará “una mesa de trabajo” al gobierno de Puebla, que encabeza Rafael Moreno Valle Rosas, a fin de “desterrar la política de represión desatada en esa entidad”.
A esa mesa de trabajo también se convocará a diputados locales de la entidad, agregaron las legisladoras.
La "Ley Bala"
Las dos diputadas federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) coincidieron en señalar que no basta con la petición de abrogar la llamada “Ley Bala”, luego de la muerte de José Luis Alberto, de 13 años de edad, y las heridas causadas a otras personas.
Tapia Fonllem y Luna Porquillo pidieron poner un alto “a la actitud represiva” del gobernador Rafael Moreno Valle, “quien se opone a un derecho garantizado en las leyes, como el de manifestación”.
El ejercicio de ese derecho, expresaron, “fue el escenario en el que se registró el fallecimiento de un menor y la detención de otras personas”.
Agregaron la necesidad de “procesar a los elementos policiacos que dispararon armas y a quienes ordenaron la represión y abuso de poder y de tentativas de homicidios”.