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Gobierno
Firmó una copia fiel de Libro de Actas de Nacimiento, pese a que ya no tenía facultades para hacerlo
Foto Agencia Enfoque
Fue la administración municipal capitalina quien denunció ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a Leonardo Báez Serrano, edil auxiliar de La Resurrección, por el presunto delito de usurpación de funciones y falsificación de documentos del Registro Civil, confirmó el síndico Héctor Sánchez Sánchez.
En entrevista, el funcionario municipal indicó que “no permitirán actos fuera de la ley”, por lo que en cuanto tuvieron conocimiento de que el alcalde subalterno firmó documentos del juzgado civil sin tener facultades para ello, procedieron a denunciarlo ante la dependencia estatal.
El 17 de octubre policías ministeriales aprehendieron a Báez Serrano, hoy preso en el penal de San Pedro Cholula, pues en su contra pesaba una acusación –por parte de la comuna– por firmar una copia fiel de libro de actas de nacimiento, pese a que de acuerdo con la modificación que el Congreso local hizo a la Ley Orgánica Municipal en diciembre de 2013, los ediles auxiliares ya no tienen facultades para ello.
Posible maniobra política
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El domingo pasado, Hilario Gallegos, quien funge como representante del alcalde de La Resurrección, aseguró que el personal de la comuna falsificó la firma de éste para inculparlo y encarcelarlo, a fin de colocar en la presidencia auxiliar a una persona afín que lleve a cabo el proceso de entrega-recepción del juzgado civil, que hasta ahora no se ha realizado.
Y es que para evitar que le fuera retirada la titularidad de esa oficina, en julio Báez Serrano presentó una demanda de amparo, a través de la que evitó ceder la administración de la misma.
El síndico municipal comentó que recibieron un oficio de la Secretaría de Gobernación municipal (Sgob) en el que se alertaba sobre la presunta falsificación de documentos, por lo que procedieron a dar aviso a la PGJ.
Es necesario citar que Báez Serrano forma parte de un centenar de ediles auxiliares de la entidad que se negaron al retiro de los juzgados civiles que el gobierno del estado realizó en mayo, ante la modificación que el Congreso local hizo a la Ley Orgánica Municipal en diciembre de 2013.
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