Acoso y cárcel a 44 opositores marcan al sexenio en Puebla

Un total de 44 activistas y opositores a los proyectos del gobierno del estado han sido detenidos durante la administración del gobernador Rafael Moreno Valle, de los cuales todavía 10 continúan encarcelados.

Pese a que los abogados de estos últimos han argumentado que las autoridades no tienen elementos suficientes para acusarlos, se les imputaron delitos graves, les fijaron fianzas elevadas y por distintos recursos legales les negaron su libertad bajo caución.

En agosto, las diputadas federales Loretta Ortiz Alhf y Roxana Luna, de PT y PRD, respectivamente, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por las 33 detenciones de activistas en Puebla –hasta ese mes-, en la cual también se solicitó que se dicten medidas cautelares a favor de esas personas, al considerar que se violó su derecho humano de presunción de inocencia, ya que no se les pudo probar delito alguno.

A pesar de ello y de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobierno del estado aplicó otros aseguramientos y actualmente ya suman 44 detenidos.

Van tras opositores a gasoducto

En los primeros días de abril de este año la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJEP) detuvo a José Luis Flores Solís y Enedina Rosas Vélez, opositores del Gasoducto Morelos.

El primero fue asegurado en la capital del estado cuando salía de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE), luego de interponer una queja por la detención de Enedina, la cual ocurrió días antes en el municipio de Atlixco.

Posteriormente la dependencia detuvo mediante orden de aprehensión a Abraham Cordero Calderón, líder del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada.

A los tres activistas les fue dictado auto de formal prisión sin derecho a la libertad caucional: a Flores por los delitos despojo, motín, extorsión; a Rosas por robo calificado así como oposición a que se ejecute una obra; y a Cordero por amenazas y privación ilegal de la libertad contra funcionarios públicos.

El 2 de octubre Abraham Cordero fue liberado, mientras tanto a Enedina se le permitió continuar el proceso penal bajo arraigo domiciliario.

Nueve detenidos en Coronango

La noche del 16 de junio, luego de un operativo contra mototaxis en los municipios de Juan C.Bonilla, Xoxtla y Coronango, los habitantes de San Francisco Ocotlán -localidad del último municipio referido- se inconformaron y bloquearon la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 113.

Debido a que los manifestantes se tornaron agresivos, ocho pobladores fueron asegurados durante un desalojo hecho por la Policía Estatal.

Se trata de Mauro Sarmiento Amaro, de 48 años; Ignacio Ramos Michihua, de 20 años de edad; Jaime Alberto Fernández de Jesús, de 20 años de edad; Daniel Hernández Palacios de 34 años de edad; Fausto Galicia Robles, de 47 años de edad; Antelmo Sánchez García, de 52 años de edad; Florencio Copalcua Hernández, de 25 años de edad, e Ignacio Sarmiento Amaro, de 52 años de edad.

A ellos se les fincaron los delitos de daño en propiedad ajena, resistencia de particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos, motín y ataques a las vías de comunicación, por lo que el juez penal de Cholula les fijó una fianza de 385 mil pesos por concepto de reparación del daño.

Aseguran a nueve personas en Cacalotepec

El 21 de junio, la Policía Estatal desalojó a un grupo de manifestantes de San Antonio Cacalotepec, localidad de San Andrés Cholula, el cual protestó por el pésimo servicio de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Los detenidos fueron: María Luisa Josefina Nava Nezahualcoyotl, María de los Ángeles Coyotl Nava, Juana Macuil Coyotl, Angélica Macuil Coyotl, Braulio Bulmaro Chantes Tlachi, José Hilario Pedro Mitznahuatl Chantes, Gabino Coyotl Eloa y Luis Tlachi Cortés, acusados de los delitos de motín, ataques a las vías de comunicación y resistencia de particulares.

Tras pagar una fianza de 170 mil pesos cada uno, finalmente fueron liberados.

Estrenan en Tehuacán la Ley Bala

La tarde del 1 de julio la Policía Estatal realizó un desalojo violento frente al Centro Integral de Servicios (CIS) de Tehuacán y la carretera federal a Veracruz, donde habitantes de diversas comunidades de la Sierra Norte exigían la reapertura de las oficinas del registro civil en juntas auxiliares de Tehuacán y Ajalpan.

El saldo fue de 8 personas detenidas: Manuel Morales Guillermo, presidente auxiliar de Magdalena Cuayucatepec; Eduardo Rivera Espinoza; Modesto Fausto Cortés; Lucio Fuentes Cortés; Emilio Montalvo Montalvo; Domingo Guzmán Rivera Reyes; Abel Torres Martínez; Román Hernández Ramírez, quienes fueron consignados por los delitos de motín, lesiones, daño en propiedad ajena y otros.

La huella de Chalchihuapan

Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero, fueron los primero cuatro detenidos, señalados de participar en la manifestación del 9 de julio, en esa comunidad, donde los pobladores solicitaron al gobierno estatal la restitución del registro civil en las juntas auxiliares.

Inicialmente, la PGJ les fincó los delitos de motín; desobediencia y resistencia de particulares; delitos cometidos contra funcionarios públicos; privación ilegal de la libertad; lesiones dolosas, ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso.

Posteriormente, quedaron en libertad, pues la PGJ solicitó al juez penal su liberación por desvanecimiento de datos, es decir, que les redujeran los delitos para que pudieran alcanzar fianza.

Sin embargo Bernardino Montes, Vicente Juárez Varela, Florentino Camayo Ponce, Álvaro García Xelhua y Raúl Contreras Montes fueron detenidos la madrugada del 18 de octubre, cuando agentes de la Policía Ministerial ingresaron a la comunidad para allanar los domicilios y ejecutar órdenes de aprehensión.

De ellos sólo fueron liberados Álvaro y Raúl, mientras que a Bernardino, Florentino y Vicente se les imputaron los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa, motín y ataques a las vías de comunicación, por lo cual no alcanzan libertad bajo caución.

Cabe mencionar que por los hechos ocurridos el 9 de julio también fueron detenidos cinco policías estatales mediante órdenes judiciales, en supuesto cumplimiento a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Encarcelan a opositores en Cholula

La madrugada del martes 7 de octubre, elementos de la Policía Estatal y Municipal realizaron un operativo para desalojar las oficinas del Palacio Municipal de San Andrés Cholula que tomaron desde un día antes los activistas del movimiento Cholula Digna y Viva, quienes se opusieron a la expropiación de predios para la construcción de un parque en la zona arqueológica.

En estas acciones fueron detenidos Adán Xicale Huitle, Albino Tlachi Valencia, Primo Manuel Tlachi Valencia y Alejandro Paul Xicale Coyopotl, a quienes se les dictó auto de formal prisión el pasado 15 de octubre.

Aseguran a ediles por oponerse a entregar el Registro Civil

El 17 de octubre, agentes de la Policía Ministerial detuvieron mediante engaños al presidente auxiliar de La Resurrección, Leonardo Báez Serrano, militante de Acción Nacional, quien se encuentra recluido en el penal de San Pedro Cholula, acusado de los delitos de ejercicio indebido de funciones y resistencia de particulares.

Los abogados del alcalde afirmaron que el motivo real de su aseguramiento es el amparo 1058/2014/que promovió en el Juzgado Noveno de Distrito contra la reforma de la Ley Orgánica Municipal.

El pasado viernes 31 de octubre, la Policía Ministerial también detuvo al edil de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, afuera de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento (SDUOP), donde acudió a hacer unos trámites.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia (PGJ), fue denunciado por un empleado de Concesiones Integrales (antes SOAPAP), tras los hechos ocurridos el pasado 18 de octubre del año en curso, cuando el edil junto otras personas habrían bloqueado el paso de un vehículo oficial en el que viajaban el agraviado y otros acompañantes.

Según la denuncia, estos fueron agredidos por el alcalde y las otras personas que además los amenazaron de muerte.