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Sociedad
Reprochó que la administración estatal haya fincado sólo una sanción económica en contra del secretario de Seguridad, Facundo Rosas
San Bernardino Chalchihuapan, Pue.- Para Elia Tamayo, madre de José Luis Alberto Tehuatlie, quien falleció tras ser herido durante un enfrentamiento entre policías estatales y pobladores de esa junta auxiliar el pasado 9 de julio, es inverosímil que el gobierno del estado haya cumplido la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le dirigió en septiembre pasado.
Tamayo sentenció que quienes deben ser encarcelados por la muerte de su hijo no son los policías estatales que dispararon el proyectil de gas lacrimógeno que hirió a José Luis, sino el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, e incluso el gobernador Rafael Moreno Valle, pues están al frente de los cuerpos de seguridad.
El pasado 18 de octubre el gobierno del estado aseguró que cumplió los 11 puntos de la recomendación 2VG/2014 que el 11 de septiembre emitió la CNDH por detectar violaciones graves a los derechos humanos de los pobladores de Chalchihuapan, cometidas por los efectivos estatales durante el operativo de desalojo.
No se cree en cumplimiento: Tamayo
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La madre de José Luis señaló que no hay elementos para creer que el gobierno del estado haya cumplido con la recomendación de la CNDH, pues por el contrario, continúa amedrentado a los pobladores mediante nuevas detenciones.
En entrevista posterior a su asistencia al foro de discusión que agrupaciones opositoras al gobierno hicieron el domingo en esta comunidad, Tamayo acusó que no hay manera de corroborar que se haya sancionado a los responsables del fallecimiento de su hijo.
Ello porque el gobierno del estado no hizo públicos los nombres de los agentes involucrados, las sanciones que recibieron, así como la identidad de los pobladores a quienes considera víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos.
Por otra parte, refirió que hasta ahora no ha sido informada sobre el avance de las indagatorias que lleva a cabo la fiscalía especial que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) creó para esclarecer los hechos, y que está a cargo de José Antonio Pérez Bravo.
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Reprochó que la administración estatal haya fincado sólo una sanción económica en contra del secretario de Seguridad, Facundo Rosas, como parte del cumplimiento de la recomendación de la CNDH, pues acusó que el funcionario merece estar en prisión.
Es necesario citar que la administración estatal clasificó como reservados los nombres de los policías que, previamente se informó, fueron encarcelados por los hechos, así como el monto de la sanción que le fue impuesta a Facundo Rosas.
“Que nos deje en paz”
Elia Tamayo criticó que lejos de reparar el daño provocado por el enfrentamiento con los habitantes del lugar, el gobernador Rafael Moreno Valle continúe amedrentando a la población de esta comunidad.
Recordó que la madrugada del 18 de octubre un grupo de policías ministeriales irrumpió en Chalchihuapan y detuvo a cinco personas por su presunta participación en los hechos del 9 de julio –de los cuales dos salieron libres bajo fianza y tres continúan en prisión–. Mientras que el viernes pasado unidades de la PGJ se apostaron en los accesos de esta localidad, hecho que consideró como una intimidación.
“Le pido al señor gobernador que por favor nos deje en paz, que deje en paz al pueblo, que piense lo que hizo. Basta ya con eso, siento un dolor muy grande, pobres hermanos encarcelados”, añadió.