Comité refuta a Maldonado y da nombres de 128 presos políticos

El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla reviró al secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, quien negó la existencia de presos políticos en el estado. La organización pidió al funcionario que se informe y conozca cada uno de los 128 casos registrados, sólo en esta administración.

Representantes del Comité, Carolina González y Liz Vilchis, con expediente en mano de los ciudadanos presos políticos, calificaron como “desafortunada, preocupante y perversa” la declaración del funcionario durante su comparecencia en el Congreso local el pasado viernes.

“El señor Maldonado Venegas está mal informado. Nos preocupa en qué grado. Sería oportuno que supiera que no fueron “falsos líderes” sino una centena de ciudadanos los que están presos por la defensa del patrimonio, la expropiación de manera injustificada, por manifestarse en la vía pública, haciendo uso legítimo de su derecho como ciudadanos”, aseguraron las activistas.

En rueda de prensa, el Comité mostró expedientes de 127 presos políticos con proceso vigente, 15 actualmente presos, quienes no son políticos actuantes, sino ciudadanos que se manifestaron contra medidas que los afectaban en su propiedad, trabajo, vida cotidiana o su respeto y amor por el patrimonio edificado y sus tradiciones.

Para Vilchis y González la actitud evasiva en el mensaje del funcionario pone en evidencia la falta total de seriedad política, sensibilidad y compromiso simulado con las organizaciones, a las que llamó al diálogo horas antes de comparecer ante el Congreso local.

“Sabemos que el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla ha restablecido negociaciones con el gobierno de Rafael Moreno Valle y con el federal para exigir la libertad de los presos y dar fin a los procesos judiciales. No tenemos confianza en este gobierno, pero ninguna acción que de esperanza de libertad a los detenidos plenamente debe ser desechada. Este Comité se mantiene atento al desarrollo de las pláticas y se suma a la exigencia de este Frente y las otras iniciativas honradas en esta dirección”, asentaron.

Exigen cese a la represión

Las defensoras de derechos humanos exigieron que terminen las agresiones contra los opositores y luchadores sociales que siguen expresando su resistencia a proyectos.

Denunciaron que el 8 de febrero, un comando armado de policías federales y estatales irrumpió violentamente y sin orden judicial al domicilio de uno de los opositores al Proyecto Integral Morelos, con el evidente propósito de amedrentarlo a él y a sus compañeros durante la imposición de obras del gasoducto por terrenos en los que no hay autorización para el paso de vía.

Señalaron que se utiliza a las policías Federal, Estatal y Municipal, así como al Ejército. “No respetan nada, ni la propiedad particular, ni iglesias, ni amparos existentes, ni los ordenamientos de territorio. Estas acciones demuestran que Puebla es una entidad en la que no existe estado de derecho, sino la fuerza bruta armada y la mentira”, apuntaron.

El Comité también pidió que se detenga, juzgue y sancione a los agresores del evento registrado el pasado jueves 26 de febrero cuando fueron agredidos integrantes de la Unión Campesina Emiliano Zapata en Tepeaca, entre ellos Concepción Colotla, familiares y compañeros suyos.

“Con el pretexto de un accidente vial, sesenta policías municipales arremetieron con garrotes en contra de los campesinos en las instalaciones del ayuntamiento, el saldo fue de varios lesionados graves”.

El Comité redobló la exigencia del esclarecimiento de la represión del grupo paramilitar contra estudiantes de la BUAP, caso en el que a pesar de petición del rector en la PGJ, la autoridad no ha dado resultados.

“La complicidad del gobierno estatal y municipal con estos hechos se demuestra no sólo en su agresión, porque las cámaras de vigilancia del zócalo estuvieran apagadas durante el suceso. Se trata de una versión inadmisible que sólo busca ocultar la identidad de estos halcones agresores, porque se trata, los sabemos por testimonios, de personal que se encuentra en la nómina del gobierno”, acusaron.

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