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Sociedad
Luis Soriana y su familia salieron de Puebla para evitar ser aprehendidos como ha ocurrido con otros activistas sociales
La representación jurídica de dos mil burócratas despedidos ocasionó que el gobierno del estado persiguiera al activista Luis Soriano Peregrina y a su familia, y se usó como pretexto una deuda por 10 mil 500 pesos en el pago de la tenencia vehicular, acusaron integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CNC) capítulo Puebla.
Hace más de dos semanas, Soriano, quien es abogado de profesión, estaba por obtener amparos para los empleados estatales afectados –cuyo número de demandas no se especificó–, cuando el 10 de abril presuntos trabajadores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se apersonaron en el domicilio de su madre con el fin de intimidar a la familia.
En rueda de prensa convocada este jueves para denunciar que temen por la integridad de su compañero, Ricardo Villa Escalera y Jesús Ortiz, integrantes del CNC capítulo Puebla, dieron a conocer que la supuesta deuda se originó en el año 2011, por un monto inicial de 2 mil 800 pesos.
Pero con el paso de los años, el adeudo creció hasta los 10 mil 500 pesos, monto que el gobierno del estado utiliza para amedrentar al activista y a sus familiares, quienes tuvieron que salir de Puebla para evitar ser aprehendidos como ha ocurrido con otros activistas sociales, dijeron.
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Representan a 2 mil burócratas
En la conferencia de medios, los integrantes del organismo ciudadano aseguraron que Soriano Peregrina representa a casi dos mil empleados de la administración estatal que desde el pasado 17 de marzo fueron despedidos paulatinamente.
Señalaron que los afectados, cuyo número exacto dijeron desconocer, estaban por obtener amparos en contra de la determinación de la administración estatal, cuando el abogado decidió huir del estado, ante las amenazas que recibió.
La propuesta hecha por Soriano a los afectados consistía en demandar al gobierno del estado para que fueran reinstalados en sus cargos, a fin de que posteriormente, solicitaran una indemnización.
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Condenan hostigamiento a Soriano
En este contexto, los integrantes del Congreso condenaron que Luis Soriano haya tenido que huir del estado, ante las amenazas presuntamente orquestadas por el gobierno del estado, ya que actualmente el activista no tiene un medio de sustento y se encuentra escondido en algún lugar del país, el cual dijeron desconocer.
Burócratas aceptaron finiquitos mínimos
Representantes de los burócratas despedidos que laboraban en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla (CECAP) señalaron a e-consulta que entre 150 y 170 trabajadores despedidos de diversas áreas gubernamentales, aceptaron finiquitos mínimos, los cuales oscilan entre los 10 y 20 mil pesos, a cambio de firmar renuncias voluntarias, con lo que perdieron derecho a obtener una liquidación justa.
Explicaron que esos casos obedecen a quienes no tenían una antigüedad de 15 años que se requiere para ser candidatos a una pensión.
El resto de los afectados, que ascienden a cerca de mil burócratas, analiza interponer demandas laborales.