Considera TSJ a muerto en ‘rebeldía’ por no impedir desalojo

Defensores de derechos humanos denunciaron la colusión de los jueces poblanos con la empresa inmobiliaria Zéndere para desalojarlos de su domicilio, a pesar de que se llamó a juicio a una persona muerta y se le declaró en “rebeldía” debido a que no acudió a defenderse.

En una manifestación frente al edificio del Poder Judicial, Mariel Bonilla Dumit y Israel Sampedro Morales, integrantes de la Red de Defensa de Derechos Humanos (RDDH), dieron a conocer que el pasado miércoles 20 de mayo fueron notificados por parte del Juez Décimo Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla para que salieran de su domicilio.

Esto a pesar de que existen irregularidades en el juicio ejecutivo mercantil con expediente 1160/2010, pues la persona que adquirió el crédito falleció hace doce años y a pesar de ello se le notificó para el juicio.

También a pesar de que faltan sólo 35 mil pesos para liquidar el crédito hipotecario, el banco que otorgó el préstamo no dio por liquidada la deuda cuando se presentó el acta de defunción de María Elvira Guadalupe Dumit Garzón, madre de Mariel Bonilla, y que vendió su casa.

Incluso los afectados alegan que Zéndere corrompió a diligenciarios para que indicaran que la finada estaba viviendo en la casa.

Hay vínculos entre banco y comprador

Otra cuestión que destacó Sampedro es que los directivos del banco que otorgó el crédito –HSBC- son los mismos de Zéndere, compañía que a través de una prestanombres, compró en remate a 35 -a 35 mil pesos- la vivenda.

"El gran negocio de la especulación inmobiliaria está a punto de ejecutarse por medio de mecanismos supuestamente legales que presentan desigualdad de condiciones en su procedimiento y por medio de los cuales un conjunto de empresas y particulares con alto grado de organización y el contubernio con instancias de gobierno se enriquecen a costa del patrimonio de los mexicanos", aseguró Sampedro.

Denuncian prepotencia de diligenciario

Los activistas denunciaron que el diligenciario José Martín Salazar Hernández, adscrito al juzgado décimo segundo, actuó de manera prepotente cuando entregó la notificación del desalojo.

El funcionario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), según consta en un video subido a Youtube, pidió no fuera grabado porque si no se los llevaría detenidos. Además de que la notificación estaba programada para las 9:00 horas pero ocurrió a las 10:30 horas.

Luego de la protesta, fueron recibidos por personal de la TSJ, con quienes en más de una hora, señalaron que se investigará la actuación del diligenciario, quien podría ser sancionado.

En lo que respecta a la situación legal de la vivienda, señalaron que aún tienen diversas instancias para seguir los procesos legales, a pesar de que han perdido diversos amparos ante la justicia federal.

Sin embargo, se prometió revisar el caso junto con el juez correspondiente.