Niegan amparo a jóvenes detenidos por ataque a sede del INE

La justicia federal se negó a admitir un amparo a favor de los siete estudiantes de la BUAP detenidos el 5 de junio por el ataque a las oficinas del INE.

Con la negativa, a los jóvenes se les niega su libertad total y la recuperación de la tranquilidad personal, denunciaron los padres de los estudiantes.

Este martes, padres de los jóvenes acusados de la agresión al Instituto Nacional Electoral (INE) del 27 de marzo en la ciudad de Puebla, señalaron que sus hijos están atemorizados, no pueden dormir ni estudiar porque tienen miedo de que en cualquier momento los detengan.

Por ello interpusieron un amparo para que los universitarios ya no sean requeridos por la autoridad judicial, sin embargo el juez se negó a aceptar el recurso.

El amparo les fue negado debido a que en el momento de su liberación los obligaron a firmar que acudieron a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de manera voluntaria.

"Lo que se pretende con el amparo es que se dé acceso a la averiguación previa, para que puedan ellos - dado que hubo muchas anomalías en su detención y en el proceso- presentar las pruebas de descargo pero con la tranquilidad que no va a pasar nada", explicó Miguel Ángel Rosas, uno de los padres.

Juan Carlos Tepde Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Ana Rosa Zilli Colorado, Erick López Cruz, Shariff Guerrero Contreras, Carlos Arafat Rosas Burguess y Dulce Carolina Parra Escalona fueron arrestados el 5 de junio de manera violenta por su presunta participación en el ataque a las oficinas del INE del 27 de marzo.

Aunque los siete estudiantes jóvenes fueron liberados este sábado alrededor de las 2:20 horas, la PGJ indicó que tienen reservas, es decir, que pueden ser arrestados en cualquier momento, ya que la averiguación previa se está integrando y no hubo flagrancia.

No tienen una vida digna

"Los andan molestando y para alguien, a quien se metieron en su casa a media noche, los esposaron, los desnudaron y los golpearon, es terrible porque en la noche ya no pueden dormir en paz, porque cualquier ruido piensan que ya vinieron por ellos", dijo el padre de Arafat, Miguel Ángel Rosas Burgess.

El 5 de junio, los domicilios de los jóvenes fueron allanados, los estudiantes estuvieron desaparecidos por varias horas durante las cuales se violaron sus derechos humanos ya que los golpearon, no les brindaron atención médica, ni les dieron agua o alimentos.

Además los agentes se llevaron todos los teléfonos celulares, equipos de cómputo y tabletas que había en su casa, así como su camioneta, aunque no hallaron el material explosivo que supuestamente buscaban.

"Están yendo a clases con miedo y con esa zozobra de que los agarren. Ellos van a sus clases, siguen con su vida diaria, pero con ese miedo tanto de ellos como nosotros. Nosotros suplicamos que se les dé un amparo para que siga la investigación y ellos tengan una tranquilidad", agregó el padre de Dulce Carolina, Antonio Parra Ortega.

Denunciarán a nivel internacional

Miguel Ángel Rosas, académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), expuso que esta situación la denunciarán a nivel internacional, porque les parece injusto el trato que reciben sus hijos.

"Sí tienen una posición crítica nuestros muchachos, pero de allí a que sean violentos hay una gran diferencia (...) Si no nos dan un trato igual, lo vamos a hacer saber a nivel internacional, vamos a recurrir a quien se tenga que recurrir", manifestó el padre de familia.

Es importante mencionar que la gran parte de los estudiantes forma parte del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla, por lo cual sus tutores consideraron que esa labor de activismo es una agravante para la PGJ.

El comité ha denunciado en múltiples ocasiones la represión que sufren los luchadores sociales y activistas durante la administración de Rafael Moreno Valle Rosas.

El mes pasado la organización denunció que suman 241 presos políticos, lo cual es una muestra de la represión que existe contra luchadores y movimientos sociales pero también contra ciudadanos que se oponen a proyectos gubernamentales.