Familias de activistas universitarios se quejan de acoso

Las familias de los estudiantes de la BUAP detenidos el 5 de julio también son hostigadas, reciben llamadas de números no identificados y mensajes a sus teléfonos con información personal.

Asimismo integrantes del Frente Estudiantil por una Educación para Todos (FEET) denunciaron la persecución que sufren sus compañeros detenidos por la agresión a las oficinas del INE. Uno de los estudiantes tuvo que dejar sus clases este semestre debido al temor a ser detenido.

Juan Carlos Tepde Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Ana Rosa Zilli Colorado, Erick López Cruz, Shariff Guerrero Contreras, Carlos Arafat Rosas Burguess y Dulce Carolina Parra Escalona fueron arrestados el 5 de junio de manera violenta por su presunta participación en el ataque a las oficinas del INE del 27 de marzo.

Aunque los siete estudiantes jóvenes fueron liberados este sábado alrededor de las 2:20 horas, la PGJ indicó que tienen reservas, es decir, que pueden ser arrestados en cualquier momento, ya que la averiguación previa se está integrando y no hubo flagrancia.

Toda la familia padece

Padres de familia de los detenidos, que prefirieron no decir sus nombres, comentaron que no sólo sus hijos padecen acoso, sino también ellos reciben llamadas telefónicas de números con sólo cuatro dígitos.

Una de las madres se dijo segura de que su línea está intervenida, ya que cuando recibe llamadas escucha ecos o interferencia.

Otro de los tutores sostuvo que tres días después de que su hijo fue liberado perdió su celular, por lo cual compró un equipo nuevo pero poco tiempo después recibió un mensaje donde un desconocido le enviaba su ubicación -vía GPS- que era justo afuera de su casa.

Los padres de los siete alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) coincidieron que la amenaza proviene del gobierno estatal.

Esto debido a que antes de que sus hijos fueran liberados un agente del Ministerio Público les dijo que si levantaban el plantón frente a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, daría la orden de que los soltaran.

En ese momento convencieron a los compañeros de que desintegraran la movilización y a los pocos minutos los estudiantes pudieron regresar a sus casas.

Buscarán asilo en otro país

Por el hostigamiento y la zozobra en que viven las familias de Juan Carlos, Axel, Ana Rosa, Erick, Shariff, Carlos Arafat y Dulce Carolina, están considerando pedir asilo político en la embajada de Canadá.

A los estudiantes los siguen desconocidos, aún dentro de sus escuelas, por eso han optado por acreditar sus materias vía internet aunque en algunos casos no han podido.

Uno de los siete tuvo que dar de baja todas sus materias ya que su familia es de otra ciudad y se siente más inseguro.

El 5 de julio, durante su detención, los jóvenes fueron golpeados y amenazados además de que los agentes ministeriales se llevaron algunas de sus posesiones sin permiso.

Colectivos se solidarizan

En una rueda de prensa los colectivos del FEET y el Comité somos más de siete exigieron que se deje de hostigar y criminalizar a los universitarios.

Recordaron los casos de persecución contra el académico Ricardo Pérez Avilés, quien apoya a las comunidades de las faldas del volcán Popocatépetl contra la instalación del gasoducto Morelos así como de la detención arbitraria de estudiantes durante la visita del presidente Enrique Peña Nieto del 19 de enero de este año, y el desalojo violento de miembros del Colectivo Universitario por una Educación Popular (CUEP) del zócalo de Puebla.

Sobre ese hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 11/2015, donde se señala que 19 policías municipales inclumplieron con su labor al no brindar atención y auxilio a los jóvenes cuando fueron atacados por unos encapuchados.

"Ninguno de estos hechos ha tenido la necesaria respuesta de justicia de las instancias judiciales del estado, a pesar de las muchas exigencias de los universitarios y de las propias autoridades de la BUAP", reclamaron los padres de familia.

Finalmente, solicitaron que las autoridades federales intervengan a favor de los siete detenidos para que recuperen su tranquilidad.