RMV favoreció proyectos de despojo de territorios, denuncian en Informe

De 26 conflictos por despojo y lucha por el territorio documentados en Puebla por el Programa DESCA, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la organización LAVIDA, 24 corresponden al sexenio de Rafael Moreno Valle, reveló Eduardo Sierra, investigador y académico de la Universidad Iberoamericana (UIA) y responsable del Programa Mesoamérica, Interculturalidad y Asuntos Indígenas del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE, SJ).

En el marco de la jornada de Informes Ciudadanos, Sierra presentó los resultados del “Proyecto de Territorialidad, Despojo y Derechos Humanos en el Golfo Centro de México”, que documenta que durante la administración morenovallista se agudizaron los conflictos socioambientales y se disparó el número de emergencias ambientales por contaminación, dadas las políticas favorecedoras de proyectos extractivistas.

El maestro en Análisis Regional por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre desarrollo regional de la UAT y licenciado en Diseño de los Asentamientos Humanos por la Universidad Autónoma Metropolitana, acusó que durante este sexenio, organizaciones y comunidades vivieron un proceso de indefensión completa.

“Hubo un despliegue de poder impresionante; todas las instituciones del estado operaron para generar despojo. Hemos documentado 26 conflictos por despojo, pero por supuesto estos pueden ser el cuádruple; las comunidades de la Sierra Norte, Nororiental y alrededor de la ciudad de Puebla multiplican estos conflictos”, dijo.

Según el investigador, el estado dejó de garantizar los derechos humanos pues fue un aparato que diseñó y operó el despojo.

“En el sexenio que termina, hubo desvío de poder, el estado estuvo dentro de la reconfiguración del territorio y su despojo. El mismo Estado fue parte del acoso, del hostigamiento en este nuevo ordenamiento del territorio”

Conflictos socioambientales al alza

Sierra explicó que ante esta problemática ha sido la población afectada la que ha asumido los costos y la reparación,pero también la reconstrucción de su territorialidad y la defensa activa de su entorno, frente a un Estado que ha dejado de garantizar los derechos humanos

De los conflictos destacan los de la Sierra Norte, Sierra Nororiental y en la zona conurbada de Puebla. Además mencionó 4 en la zona Tula-Tepeji, uno en Oaxaca, uno en Tlaxcala, 65 en el estado de Veracruz. El resto son conflictos que afectan a más de un estado (por ejemplo fractura hidráulica y gasoductos)

En estos conflictos han sido el Estado, a través de mecanismos jurídicos e institucionales, y las empresas, a través de modificar los usos del suelo, los que han despojado a los pobladores originarios violentando su territorialidad.

Defensa de derechos humanos no puede venir desde el estado

La “situación se ve agravada ante la existencia de una represión desde el Estado que imposibilita el trabajo de los defensores del territorio y de derechos humanos, generando incertidumbre y poniendo no sólo en riesgo la vida e integridad física de las personas, sino también el trabajo de la organización, como sucedió con el asesinato de Noé Vázquez en Amatlán de los Reyes, en Veracruz: de Bernardo Vázquez, en Oaxaca, o las denuncias contra el gasoduto Tuxpan Tula y las emergencias ambientales como las de Córdoba, por Anaversa”, citó.

Eduardo Sierra aseguró que la represión no sólo se manifiesta en el hostigamiento o las amenazas directas sino con la negación de acciones administrativas o de servicios médicos tras una emergencia ambiental, como ocurrió en Córdoba, Veracruz.