Terrorismo de estado mató a Meztli y a niño indígena de Chiapas, acusan

La ejecución de Meztli Sarabia Reyna, hija del líder de la Unión de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” Rubén Sarabia “Simitrio”, y del niño Humberto Morales Sántiz asesinado extrajudicialmente en Chiapas, se cometieron desde la misma élite política criminal, concluyeron manifestantes en la marcha “Contra el Terrorismo de Estado”.

“¡Justicia para Humberto Morales Sántiz y Meztli Sarabia Reyna!”, “¡Juicio y castigo a los responsables materiales de la ejecución extrajudicial”, gritaron desde el Paseo Bravo hasta el zócalo de la ciudad de Puebla integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y estudiantes de la Normal Rural “Benito Juárez”, de Panotla, Tlaxcala en la movilización que en las calles céntricas denunció “la agenda política contrainsurgente que cruza el país”.

La marcha también denunció la detención arbitraria y con brutalidad policiaca de 14 miembros del FNLS, entre ellos el poblano Ollin Amaro mientras realizaban un volanteo informativo en la caseta Chiapa de Corzo de la autopista Tuxtla-San Cristóbal.

“La campaña informativa era para denunciar las irregularidades de parte de la Fiscalía General en torno a la investigación del crimen del niño Humberto Morales Sántiz”, insistieron los miembros del FNLS

Informaron que a la fecha están esperando los resultado de la exhumación del cuerpo del pequeño por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que fue asesinado extrajudicialmente el pasado 28 de febrero en el ejido de Carrizal, Ocosingo y

Los miembros del FNLS sospechan de que el crimen fue perpetrado por elementos de la policía estatal de ese estado hace cuatro meses cuando su cuerpo fue encontrado en un predio de El Carrizal, municipio de Ocosingo, luego de que su padre lo mandó a traer leña.

Los peritos argentinos tuvieron obstáculos para realizar su trabajo.

“El grupo de expertos confirmaría científicamente lo que hemos venido denunciando desde hace ya 4 meses, que Humberto fue torturado por pertenecer a una organización política como la nuestra; situación que sería contraria a la versión de la que se vale el gobierno del estado ( de Chiapas), de que se trata de un conflicto intercomunitario; al mismo tiempo se estaría evidenciando, una vez más, la existencia del paramilitarismo como práctica de estado para reprimir a las organizaciones populares y garantizarse a sí mismo una impunidad absoluta”, aseguraron oradores al micrófono frente al Palacio Municipal.

Agregaron que la ejecución de Meztli Sarabia cumple con la misma lógica del estado al criminalizar a la organización vinculándola con el narcotráfico.

Acusaron que la detención de Ollín Amaro Ayometzi, en el estado de Chiapas se suma a la que sufrió en Puebla en el 2014 bajo el gobierno de Rafael Moreno Valle, cuando fue también fue arrestado arbitrariamente y golpeado por elementos policiacos que lo mantuvieron incomunicado por varias horas; además del hostigamiento y amenazas de las que han sido víctimas constantemente tanto él como su familia.

“Estos abusos son la muestra la respuesta de todos los gobiernos que tienen una agenda de represión, abuso de autoridad y la violación a los derechos humanos, no importa el partido político electoral al que pertenecen”, acotaron

“Estos son ejemplos actuales de la política represiva a lo largo y ancho del país ante la exigencia de derechos constitucionales y humanos; el Estado mexicano modifica el marco legal a modo para justificar su proceder, omitiendo que todo proceso organizativo con sus diferentes expresiones, formas de lucha y prácticas existen como respuesta ante la explotación y opresión en contra del pueblo”

En la protesta de los jóvenes, también las alumnas de la Normal Rural de Tlaxcala denunciaron la brutal represión que sufrieron por defender la matrícula de 342 lugares, pues el estado ha tratado de desaparecer lo que calificaron como “el semillero de lucha y organización de los más pobres”

En el zócalo, llamaron a ciudadanos a unirse en un único frente y reaccionar al ataque ciudadano desde un gobierno criminal que ha afinado comandos para atacar a las organizaciones.