Juntan 50 solicitudes de amparo contra regulación de artistas callejeros

La jornada de resistencia civil pacífica contra el acuerdo municipal para regular artistas urbanos, llevada a cabo en el zócalo de la ciudad concluyó con la firma de 50 solicitudes de amparo contra la norma recién publicada en el Periódico Oficial.

“Tomar la calle como se toma la palabra”, fue la consigna con la que coincidieron trovadores, poetas, cantantes, músicos, bailarinas, escritores, actores, pintores y artesanos que participaron en el acto que, bajo la norma aprobada, sería ilegal y perseguido por la fuerza pública, pues participaron en la concentración más de once personas llamando a reflexionar políticamente sobre “la calle”, “la ciudadanía”, “el espacio público”, “el derecho a la expresión”, “la censura” y la “ignorancia tácita y manifiesta de funcionarios”.

Jaime Mesa, escritor y ex trabajador en la extinta Secretaría de Cultura del Estado, se refirió a los Lineamientos para el “Programa de Artistas Urbanos” oficializado el pasado 27 de junio, como el inicio y el primer paso hacia las formas más acabadas de represión y de censura.

Recordó al Madrid de 2013 cuando el Ayuntamiento legisló sobre la libertad de emitir sonido en el espacio público, definiendo zonas de protección acústica enmascarando sutilmente la cruzada contra gitanos, inmigrantes, actos artísticos con contenido político y aquello sobre lo que no se tiene control.

“Se reguló el ruido y con ello se consiguió la “limpieza” de lo urbano, “una vigilancia” de lo ruidoso. Finalmente se logró el control social a través del sonido, herramienta sutil para reprimir las prácticas de quien no está uniformado, con la cabeza abajo y es percibido como una amenaza”, explicó.

Mesa dio lectura a un breve ensayo titulado “El higiénico y controlado espacio público contra la libertad y las posibilidades de la calle”, basado en la obra del antropólogo urbano Manuel Delgado destacando a la calle como el potencial de encuentro real, diluyendo “lo otro” y reconociéndose en él, subsanado diferencias como sucedió hoy.

Convocó: "Cuando el gobierno nos hable de “ciudadanía”, digamos “ciudadanos”; cuando nos hable de reunirse en multitud, vayamos con la masa y cuando nos inviten a tomar los espacios públicos renunciemos a ese concepto amorfo que es inexistente y entonces, tomemos las calles”.

Marco Sánchez, flautista, trovador y pintor de retrato, reclamó espacio para lo alternativo, el anti-sistema, lo diferente, lo contra –cultural, lo minimalista, el teatro pobre, la protesta en canto, que aseguró no podrá ser sustituido y reventará los márgenes del acotamiento.

“Hay que empezar explicando que los artistas no podemos vender el arte, es una acción contraria en sí misma. No es una mercancía, es más una ofrenda y un artista no hace usufructo en el espacio urbano para enriquecerse, al contrario. Se ha establecido un cobro de 37 pesos destinado al Ayuntamiento a quienes queramos expresarnos, eso es pagar derecho de piso, así, igual y en el mismo esquema que en los carteles de la droga en México”, dijo.

La jornada transcurrió con voces que cuestionaron la gestión y las políticas culturales de la entidad, cuyas acciones más que estar dirigidas a la promoción de la identidad cultural, la protección de la diversidad cultural y la consolidación de la participación ciudadana, se enmarca en acciones burocráticas, inmediatas y “políticas de aparador”.

Javier Villaseñor, ingeniero químico y escultor del vidrio soplado también su sumó al amparo federal contra esta legislación que calificó de aberrante, explicable de funcionarios incapaces de pensar que lo público, la calle, es el contenedor de las expresiones culturales por excelencia.

Cerca de las 3:00 de la tarde, Gerardo López, de la organización El Barzón había reunido la firma de 30 personas más en el formato de amparo contra la norma municipal que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 27 de junio. Aseguró que estas nuevas firmas se sumaron a los 25 nombres que se habían recopilado desde que el programa legal fue conocido y en el que se prohíben actos proselitistas y de campaña en manifestaciones artísticas.