Un misterio la contratación del seguro anti desastres en Puebla

A punto de concluir el noveno mes del año, no existe registro en las plataformas de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) sobre la contratación de un seguro contra desastres naturales para 2017, y sólo se ubican las pólizas que amparan a los bienes del gobierno del estado, incluidas las aeronaves, así como a sus empleados.

Durante el sexenio de Rafael Moreno Valle se destinaron 109.7 millones de dólares, equivalentes a unos 1 mil 571 millones de pesos -según la cotización del dólar de 2011 a 2016-, para la contratación de seguros, aunque los procesos no fueron transparentados en todos los años.

La SFA refirió que sí se contrató el servicio este año –el primero del gobierno de José Antonio Gali Fayad– pero no ofreció información de cuánto costó ni de la empresa proveedora, y sólo se limitó a señalar que la Secretaría General de Gobierno (SGG) podría ofrecer más datos al respecto, pero esta última tampoco otorgó detalles.

Esto ocurre tras el sismo registrado el 19 de septiembre en la zona centro del país, que afectó en Puebla a casi 13 mil inmuebles, entre viviendas, edificios públicos, históricos, hospitales e iglesias.

Nadie sabe, nadie supo…

Una revisión de e-consulta en las plataformas electrónicas de la SFA advierte que no existe registro de la contrataciónde un seguro contra desastres naturales este año. Lo mismo ocurre en el portal de compras gubernamentales Compranet que depende del gobierno federal, pero en el que todas las entidades deben publicar sus procedimientos de licitación.

La información publicada sólo tiene que ver con tres pólizas para cubrir daños a los bienes que son propiedad del gobierno del estado, así como con seguros de vida para los trabajadores estatales, las cuales costaron en su conjunto 41.3 millones de pesos.

e-consulta preguntó al titular del área de Comunicación Social de la SFA, Aldo de la Barreda Berra, si se había contratado este año un seguro contra desastres naturales, o bien, si se renovó la póliza que adquirió en 2016 la pasada administración estatal, a lo que indicó que se buscaría la información.

El tema también fue consultado con Francisco Sánchez Cervantes, titular de la misma área en la SGG, quien refirió que consultaría la información, pero finalmente no ofreció datos.

El pasado sábado, Gali Fayad sólo refirió que su administración cuenta con recursos de un “Seguro de Reparación de Daños” mediante el que se darán cinco mil dólares a cada familia afectada por el sismo.

[relativa1]

La opacidad en el tema

Durante la administración morenovallista, la contratación de pólizas de seguros contra desastres naturales fue poco transparentada, pese a que se destinaron para ello más de 1 mil 500 millones de pesos.

En el último informe de gobierno del ex gobernador Rafael Moreno Valle se indicó que se destinaron 18 millones 276 mil dólares para la contratación de una póliza de seguro contra desastres naturales.

Ante los daños que el estado sufrió por el huracán Earl, refirió que el estado obtendría 30 millones de dólares y que podría extenderse hasta los 60 millones.

En 2015 el costo de la póliza fue de 18 millones 320 mil dólares, unos 270 millones 530 mil pesos.

En 2014 fue de 19 millones 38 mil 478, cifra equivalente a 238 millones 160 mil pesos.

Para 2013 el costo fue de 18 millones 617 mil dólares, es decir 230 millones 850 mil 800 pesos.

En 2012 fueron 20 millones 362 mil dólares, alrededor de 279 millones 923 mil 200 pesos.

En 2011 el costo del seguro ascendió a 15 millones 144 mil 734 dólares, equivalentes a 186 millones 280 mil 228 pesos.

Cabe señalar que en ningún informe de gobierno se ofrecen detalles de las empresas con las que las pólizas fueron contratadas y sólo en 2016 se especifica en qué casos se ocuparon.

En 2013, la SFA respondió a una solicitud de información que la difusión de los detalles sobre la contratación de seguros contra desastres naturales “podría causar perjuicio o daño irreparable a las funciones públicas, o poner en riesgo la seguridad de las personas, lesionar los intereses generales, e incluso que está protegida por el secreto comercial, industrial, bancario, fiduciario, fiscal y profesional, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

[relativa2]