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Política
La decisión del legislativo se da en medio de las versiones que apuntan a una negociación que permitiría al ex alcalde de Puebla ser candidato del PAN
El Congreso del Estado se desistió de la queja presentada en contra del juicio de amparo de Eduardo Rivera Pérez, recurso que aplazó hasta el 29 de enero la audiencia entre los equipos jurídicos del panista y del Poder Legislativo.
La decisión de Congreso de renunciar a la estrategia legal, se dio previamente a que Rivera Pérez confirmara que se mantendrá en el PAN para “dar batalla” y alcanzar una candidatura para la elección de 2018.
En el acuerdo publicado en el portal del Consejo de la Judicatura, se señala que Edgar Sánchez Farfán, director general de Asuntos Jurídicos de Estudios y Proyectos Legislativos, informó que el Congreso se desistió de la queja que interpuso en el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
“El oficio DGAJEPL/77/2018N, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y Proyectos Legislativos del Congreso del Estado de Puebla, por medio del cual refiere que se desiste del recurso de queja interpuesto en contra del auto de 11 de diciembre de 2017”.
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El recurso que la LIX Legislatura promovió hace un mes, fue para inconformarse por el acuerdo que el Juez Tercero de Distrito tomó el 11 de diciembre de 2017, en el cual se ordenó tanto al Congreso como a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a proporcionar información referente al proceso de inhabilitación por 12 años y una sanción económica por 25.5 millones de pesos aprobados en contra del ex alcalde de Puebla.
En su momento, la autoridad judicial advirtió que, en caso de incumplimiento, el Congreso y la ASE serían sancionados económicamente.
La defensa de Rivera Pérez en contra de su inhabilitación inició en mayo de 2017 un juicio ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Juicio de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales.
Tras la admisión del juicio de amparo 943/2017, el Congreso y la ASE mantuvieron por ocho meses una estrategia para postergar que el Juez Tercero de Distrito emitiera una sentencia, misma que podría dejar sin efecto la inhabilitación del panista.
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Si bien todavía no hay una determinación judicial sobre el caso, el Juez Tercero de Distrito determinó una medida cautelar para que el nombre del panista no aparezca en el Registro Nacional y Estatal de Servidores Públicos Sancionados, lo que mantiene a salvo sus derechos político-electorales y le abre la posibilidad de ser candidato.
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