Rechaza la 28 de Octubre crimen de Meztli por ajuste de cuentas

Después de que autoridades estatales informaron ayer que el móvil del asesinato de Meztli Omixóchitl Sarabia Reyna fue el negarse a permitir el cobro de piso en el Mercado Hidalgo, integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre rechazaron la criminalización de la víctima y del activismo que realizan.

Para el líder social y padre de la activista asesinada el 29 de junio de 2017, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, al plantear que se trató de un ajuste de cuentas se sesga desde un inicio el crimen.

"Lo que estamos rechazando es la imputación respecto del probable ajuste de cuentas porque eso implica desde el primer momento la intención de criminalizar a la víctima y de hecho darle cierto sesgo a este crimen", dijo.

Los familiares y compañeros de activismo y trabajo de Sarabia Reyna, explicaron, no conocieron de ella ningún comentario que advirtiera de algún intento de cobro de piso hacia los locatarios en el centro de abasto.

Por el tipo de organización que hay al interior de la UPVA detallan que incluso hubiera sido un tema a abordarse dentro de las juntas que realizan con regularidad entre los comerciantes.

En contraste sí existieron otros antecedentes que hicieron públicos y de los que incluso consta denuncia formal, relacionadas con un levantón, amenazas de muerte y también de espionaje telefónico.

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Su hermano y abogado de la organización, Tonatiuh Sarabia Amador, recordó que el 5 de abril de 2016 ella y su entonces pareja sentimental sufrieron un levantón de sujetos que se identificaron como ministeriales en las inmediaciones del mercado, pese a una denuncia formal todavía no hay avances de alguna investigación.

A esto se sumó que tanto a Sarabia Reyna como a las dirigentes Rita Amador López y a María de la Luz Gálvez Javier, conocida como Julia, les hicieron llegar diversas amenazas de muerte entre 2016 y 2017.

Asimismo el nombre de la activista apareció en los listados de espionaje telefónico, que según lo denunció en agosto de 2016 un ex colaborador de la agencia a cargo de intervenir llamadas, estuvo encabezada por el ex gobernador Rafael Moreno Valle y el diputado Eukid Castañón Herrera.

"Meztli figuraba entre esas listas con varias horas de haber sido escuchada y se da en el contexto de las amenazas de muerte que recibió Julia y que recibió también la compañero Rita", dijo Sarabia Amador.

Tras la rueda de prensa que ofrecieron ayer autoridades, a los activistas se les convocó esta mañana a una reunión con el gobernador Antonio Gali Fayad y autoridades de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

En ella, explicaron, se les informó que el móvil que hicieron público obedece a las primeras declaraciones que han dado los dos detenidos que fueron identificados en las cámaras de seguridad.

Asimismo, se les planteó que las investigaciones que realizan conforme a parámetros científicos, sin embargo, los activistas ven esto con recelo pues en el caso de los cinco integrantes de la UPVA encarcelados la misma autoridad no pudo sostener las acusaciones.

Antes de este encuentro la última vez que se reunieron con un gobernador fue a mediados del sexenio de Mario Marín Torres, pues con Moreno Valle y en el primer año de Gali Fayad no concretaron encuentros pese a constantes solicitudes formales.

La reciente represión contra la UPVA inició en 2014 cuando como organización social participaron en marchas contra el morenovallismo por el retiro de los registros civiles de juntas auxiliares y otras inconformidades sociales.

En ese año, han sostenido los activistas en diferentes ocasiones, el entonces titular de la SGG Luis Maldonado Venegas le dijo a Simitrio en una reunión que el gobierno de Moreno Valle no les pedía subordinación ciega, pero sí total y absoluta, que de no acceder recurrirían a acusar a sus hijos de vínculos con las drogas.

En el caso de Atltonatiuh y Xihuel Sarabia Reyna se hicieron acusaciones que implicaron su estadía en prisión por más de tres y dos años respectivamente, hasta que la justicia federal reconoció que el gobierno del estado a través de la FGE no tenía pruebas para acusarlos, meses antes de su liberación mataron a su hija.

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