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Nación
Guillermo Padrés deberá seguir en la cárcel, hasta que presente una garantía de 100 millones de pesos.
Foto / TvAzteca
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Un juzgado rechazó la garantía que ofreció Diego Fernández de Cevallos para que Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, pudiera salir de la cárcel.
Guillermo Padrés deberá seguir en la cárcel, hasta que ofrezca una garantía de 100 millones de pesos.
El juzgado federal determinó que la propiedad que ofreció Diego Fernández de Cevallos como garantía no cuenta con la documentación que avale el valor fiscal que cubra la caución que se le impuso a Guillermo Padrés.
El jueves 20 de diciembre, el panista Diego Fernández de Cevallos ofreció como garantía un inmueble para que Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, pudiera salir de la cárcel.
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La Procuraduría General de la República aseguró que encontró una cuenta bancaria de Guillermo Padrés en la que había 8.8 millones de dólares y que el dinero no había sido declarado.
Guillermo Padrés se entregó a las autoridades en noviembre de 2016 y desde entonces está preso.
Un juez federal le concedió a Guillermo Padrés la sustitución de prisión preventiva a cambio de llevar un localizador electrónico y de pagar una fianza.
En una nota que publicó el diario Reforma se indica que Diego Fernández de Cevallos ofreció como garantía un inmueble que tiene un valor de 402 millones 825 mil pesos.
El terreno está ubicado en Acapulco, Guerrero, en Playa Diamante, y tiene una extensión de 53 mil 418 metros cuadrados.
En la nota del diario Reforma se indica que el 11 de diciembre, Diego Fernández de Cevallos firmó la hipoteca de la propiedad a favor del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales.
La Procuraduría General de la República acusó a Guillermo Padrés de haber cometido un fraude fiscal de 8.8 millones de pesos y el juez consideró que los cargos no fueron debidamente acreditados.
El ex gobernador de Sonora continuó en la cárcel, porque un juez de amparo tenía que revisar si se le iniciaría otro juicio por lavado de dinero.
La defensa de Guillermo Padrés argumentó que en la averiguación previa las autoridades no incluyeron ninguna auditoría ni querella en su contra y que la Secretaría de Hacienda nunca lo denunció.
“La autoridad fiscalizadora debió agotar todas sus facultades de investigación, con el objeto de allegarse de la información necesaria para acudir ante la autoridad ministerial pues sería hasta ese momento en que podría verificar si se está en presencia de un delito y, al haber omitido dar cumplimiento a lo anterior, resulta claro que la autoridad hacendaria no cumplió con las formalidades señaladas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación”.
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