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Política
El instituto registró hasta tres denuncias diarias, en promedio
Foto / Agencia Enfoque
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El presidente del INE en Puebla, Joaquín Rubio Sánchez, condenó que en cuatro meses, partidos y candidatos se denunciaron 327 veces (tres quejas diarias en promedio) como si fuera un “deporte estatal”.
Los recursos registrados de febrero a junio son 94 más que los 233 que se presentaron en el mismo periodo del año pasado, a pesar de que este año solo se eligió gobernador y en la de 2018 también senadores, diputados locales y federales, así como alcaldes.
Supuesta injerencia de autoridades, actos de campaña anticipada y uso de recursos públicos con fines electorales fueron los actos más denunciados durante el proceso electoral de 2019.
A unos días de que concluya la etapa de impugnaciones, el consejero reprobó este jueves en rueda de prensa que el grueso de quejas carecía de sustento o buscaba “sacar una ventaja ilícita”.
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Según esto, las denuncias tenían como fin desestabilizar a los candidatos punteros, aunque fueran superficiales.
Se dijo sorprendido del nivel de litigiosidad que marcó la elección extraordinaria de la gubernatura y cinco alcaldías, pues fue un fenómeno que no había presenciado en ninguno de los seis estados donde ha organizado comicios.
Si bien refirió que las denuncias fueron de “todos contra todos”, destacó que Morena, PAN y PRI acumularon la mayoría.
“Estoy sorprendidísimo. En los demás estados no pasamos de 20 o 25; es la cultura política que nos falta. Aquí, 327 quejas en cuatro meses, de todos contra todos, parece deporte estatal de todos contra todos”, lamentó.
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TEPJF confirmó 98% de resoluciones
Rubio Sánchez resaltó que, de las 327 quejas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no revocó la resolución de ninguna.
Detalló que en 98 por ciento (320) fue avalada la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y solo en las siete restantes el tribunal ordenó reabrir el caso o investigar más a fondo.
Algunas de las resoluciones emitidas por el INE fueron en el sentido de aprobar o negar amonestaciones o sanciones contra servidores públicos por proselitismo en horario laboral, así como suspender o cancelar la difusión de propaganda difamatoria, ofensiva o discriminatoria.
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