PRD pide al gobierno de Puebla no reprimir manifestaciones

El Grupo Parlamentario del PRD en San Lázaro hizo un llamado al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, a que se abstenga de reprimir a los movimientos sociales que exigen un alto a la violencia e inseguridad en el estado.

La bancada perredista exhortó al titular del Ejecutivo local a establecer mesas de diálogo por la seguridad con las organizaciones que han tomado la iniciativa de protestar para que el gobierno ponga mayor interés en buscar una urgente solución a la inseguridad, y a la creciente violencia en contra de las mujeres y los estudiantes.

Resaltó que los grupos organizados de la sociedad civil que han tomado la iniciativa de manifestar su inconformidad por la falta de seguridad, están haciendo uso legítimo de las libertades de expresión y asociación consagradas en la Constitución Política de nuestra república.

“El GPPRD le pide a las autoridades abstenerse de la tentación de reprimir dichas expresiones de inconformidad”.

La fracción perredista exigió al gobierno de Puebla a que establezca mecanismos para cumplir y proteger el derecho a la libertad de expresión y garantizar el diálogo social y político.

Afirmó que la movilización de la sociedad civil por la justicia y por la seguridad, no puede ser minimizada ni acusada de constituir acciones antigubernamentales con el propósito de generar inestabilidad política.

Refirió que el asesinato de los tres estudiantes de medicina de la BUAP y la UPAEP, así como el chofer de UBER en Huejotzingo, ha convertido la indignación en un movimiento estudiantil por la justicia, que trasciende al estado de Puebla, y al que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal deben dar una respuesta inmediata.

Puntualizó que el paro nacional de “Un Día Sin Mujeres, los paros de protesta de las estudiantes de la UNAM contra el acoso sexual, así como el movimiento estudiantil de Puebla por la justicia, “son expresiones legítimas de inconformidad de la sociedad civil por la falta de respuestas eficaces por parte del gobierno federal, de los gobiernos estatales y los municipales, a las demandas de justicia y seguridad que han expresado diversas organizaciones sociales y los familiares de las víctimas”.