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Política
Con “muerte civil”, máxima pena a funcionarios corruptos
Estaría vetados para ocupar otro cargo público en Puebla
Foto / Especial
En el Congreso de Puebla se busca reconocer la “muerte civil” de funcionarios, para que aquellos que sean inhabilitados por la vía penal no puedan ejercer otro cargo público.
La inhabilitación penal es el castigo máximo a los actos de corrupción y fue aprobada por el Senado de la República el año pasado, pero para que aplique en los estados se requiere reformar las constituciones locales.
En el caso de Puebla, se pretende reformar la Constitución Política del estado para impedir que los servidores públicos sancionados puedan ser gobernadores, diputados, fiscales, consejeros electorales o magistrados
Esta medida es conocida como “muerte civil”, pues consiste en cancelar de forma definitiva el derecho a ocupar cargos públicos y ya ha sido aprobada en Jalisco, Yucatán y Nuevo León.
Con ella los sentenciados por corrupción tampoco podrían ser alcaldes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) o secretario en alguna dependencia de gobierno.
Ni siquiera síndicos, regidores o titulares de los Órganos Internos de Control de las secretarías de gobierno.
La iniciativa prevé además cerrar el paso para puestos de menor jerarquía como son las subsecretarías, coordinaciones, delegaciones, direcciones, subdirecciones y jefaturas de cualquier área.
La propuesta consiste en aumentar a todos los cargos públicos que reconoce la Constitución el requisito de: “no haber sido inhabilitado permanentemente mediante resolución administrativa del tribunal competente”.
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El requerimiento además aplicaría para aquellos que pretendan participar en adquisiciones o arrendamientos del gobierno o pretendan ser proveedores de servicios u obras públicas.
La iniciativa de ley se encuentra bajo análisis de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Van por feminicidio imprescriptible
Otra iniciativa propone reformar el Código Penal federal para que el feminicidio se castigue sin importar los años que transcurran entre la comisión del delito y la denuncia.
En la actualidad a nivel federal solo el homicidio doloso y la desaparición forzada no prescriben, aunque en varios estados —como Puebla— tampoco prescribe el feminicidio.
Por ello se busca agregar un último párrafo al artículo 325 del Código Penal federal que diga: “la prescripción para cualquiera de sus efectos será improcedente para el delito de feminicidio”.
Por tratarse de una reforma a una ley federal, primero tendría que aprobarse por el pleno del Congreso del estado y luego enviarse a la Cámara de Diputados para que la discute y la ponga a votación.
Las dos iniciativas fueron presentadas por el expanista y ahora diputado sin partido, Marcelo García Almaguer.