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Nación
Lo acusan de fraude electrónico y fomentar la inmigración ilegal para obtener un beneficio privado
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez, ex candidato de Fuerza por México a la gubernatura de Querétaro, fue detenido junto con su socia Karina Hernández en Houston, Texas por su presunta responsabilidad en fraude, así como fomentar e inducir la migración ilegal.
A través de un comunicado, se informó que Martínez Cecias es dueño de Mobile Coatings Management (MCM), así como copropietario y presidente de Uberwurx, con el nombre de RhinoPro, una empresa de revestimiento y accesorios para camiones.
A Hernández, de 41 años, se le señala como copropietaria de Texas Franchise and Business Consulting (TFBC), la cual se dirige y comercializa principalmente a ciudadanos mexicanos interesados en iniciar negocios en Texas.
Autoridades detallaron que el excandidato usaba Uberwurx como un mecanismo para que los inversores obtuvieran visados E-2 para entrar legalmente en EU, sin embargo, ese tipo de visa está reservada para permitirles a empresarios extranjeros trabajar dentro de EU sobre la base de una inversión sustancial en una empresa de buena fe.
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Martínez y Hernández comercializaban y vendían la franquicia Uberwurx a inversores mexicanos, pero no realizaron los pagos correspondientes a sus inversores, ni los dejaban gestionarlas, siendo manejadas por MCM, la empresa de Martínez, violando así los requisitos del visado E2.
Martínez daba instrucciones a los inversores para que omitieran en sus solicitudes de visado E2 el hecho de que MCM gestionaba las franquicias, repitiendo el esquema con al menos 120 inversores diferentes entre enero de 2017 y diciembre de 2021, con pérdidas por más de 30 millones de dólares.
Por ello ambos fueron acusados y detenidos por cuatro cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y cuatro cargos de fomentar e inducir la inmigración ilegal para obtener un beneficio privado.
En caso de ser declarados culpables, Rodríguez y Hernández enfrentarán un máximo de 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude electrónico y a un máximo de 10 años de prisión por cada uno de los cargos de fomento de la inmigración ilegal.
Finalmente indicaron que será un juez del tribunal federal de distrito quien determine la sentencia y que el Buró Federal de Investigaciones también está investigando el caso.