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Gobierno
Las anomalías corresponden al sector educativo, de infraestructura, participaciones federales y saneamiento financiero
Foto / Archivo e-consulta
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en cuatro áreas del gobierno de Puebla y una municipal por 3 mil 163 millones 111 mil pesos, cometidas durante el ejercicio fiscal 2021, es decir, durante el penúltimo año de la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta.
Esto representa el 98.3 por ciento de un presunto daño patrimonial en la entidad de 3 mil 217 millones 580 mil pesos. Además, el estado se encuentra entre las 10 entidades con más anomalías detectadas, ocupando el sexto lugar a nivel nacional en montos faltantes de aclaración sobre el uso de participaciones federales.
Lo anterior, de acuerdo con la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.
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Las anomalías detectadas corresponden a Educación, Infraestructura Social en materia de Salud, Saneamiento financiero, Participaciones federales para el gobierno de Puebla, y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Según el informe, el faltante original fue de 3 mil 236 millones 197 mil pesos, pero el estado y los ayuntamientos lograron solventar 18 millones 617 mil 400 pesos.
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El primer monto detectado fue por 36 millones 218 mil 400 pesos, en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo de la Secretaría de Educación, pero logró justificar el destino de 11 millones 859 mil 600 pesos; dejando un presunto daño patrimonial de 24 millones 358 mil 800 pesos.
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También se encuentra enlistado el rubro “Saneamiento financiero”, correspondiente al cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera, con un faltante de 679 millones 076 mil 100 pesos.
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En el documento, se observó una cantidad sin justificar de 5 millones 183 mil 400 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Asimismo, las Participaciones Federales para el gobierno del Estado de Puebla tuvieron un total de 22 acciones, derivado de que el mayor faltante se registró en este apartado, pues no pudieron solventar la aplicación de 2 mil 478 millones 851 mil 500 pesos.
Otra irregularidad detectada por la Auditoria fue en los contratos suscritos por el municipio de Puebla financiados con participaciones federales por 15 millones 222 mil 800 pesos, pertenecientes al último año de gestión de la exalcaldesa Claudia Rivera Pérez.
Del presunto daño patrimonial en la entidad de 3 mil 217 millones 580 mil pesos, existe un faltante de 14 millones 887 mil 500 pesos que corresponden a siete municipios que no justificaron la aplicación de sus participaciones federales durante el ejercicio fiscal 2021.
Los montos más grandes corresponden a los municipios de Cuetzalan del Progreso por 6 millones 085 mil 200 pesos y en San Pedro Cholula por 4 millones 605 mil 400 pesos.
En Vicente Guerrero las anomalías son por 1 millón 974 mil 400 pesos. En Libres, el faltante es de 1 millón 444 mil 200 pesos, y en Huauchinango, las observaciones son por 341 mil 800 pesos.
En tanto, en el municipio de Chiconcuautla existe un monto por aclarar de 116 mil 600 pesos; y en Tecamachalco, el monto es de 31 mil 990 pesos.
De acuerdo con el Informe de la AFS, los principales conceptos de irregularidades en gobierno de Puebla fue la falta de documentación justificativa, además de los pagos a trabajadores adscritos a centros de trabajo no financiables con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) por 32.6 millones de pesos, de los que la entidad poblana representó 24.4 millones de pesos.