La Covadonga: propietarios recurrirán al estado por falta de apoyo

El apoderado de la Fundación Julita y Antonio, Jesús González Schmal, denuncia que "no se ha tenido respuesta" del Ayuntamiento de Puebla en el caso del despojo de terrenos de La Covadonga, por lo que solicitarán la intervención del gobierno estatal.

Durante una conferencia de prensa, González Schmal informó que tras la última incursión ocurrida el 8 de febrero, se detectó quiénes son los invasores, por lo que se abrieron oportunamente las investigaciones.

Recordó que durante este hecho, 50 individuos presuntamente ingresaron y perpetraron el despojo del predio, tras lo cual removieron los postes y alambres de púas que lo protegían, para sustituirlo por una maya ciclónica.

También informó que el Ministerio Público ya identificó a una persona a la que se le permitía sembrar y habitar en el área como un colaborador de los intrusos, puesto que "cuando él estaba en el predio" tuvieron lugar estos hechos.

Por otro lado, dio a conocer que la mitad del terreno fue destinada a la venta de 500 lotes, mientras que la otra fue vendida a una empresa instalada en las inmediaciones, Agua Inmaculada S.A. de C.V.

"No sabemos en qué forma lo adquirió. Si ellos bien sabían que era propiedad de la Fundación Julita y Antonio, destinada a un fin social, y que los que están vendiéndola o nos invadieron no tenían un legítimo derecho de hacer esta venta", según aseveró.

Con respecto a los lotes, declaró que existe una orden de demolición de las construcciones realizadas por los presuntos invasores, la cual fue emitida por la autoridad correspondiente.

Sin embargo, informó que la actual titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano municipal, Karina Romero Sainz, manifiesta carecer de las facultades para cumplir con dicha orden.

"No hemos tenido respuesta" por parte de las autoridades municipales, según declaró, por lo que la problemática de venta ilegal de lotes en La Covadonga continúa sin cambios.

Por tal motivo, informó que sostendrán una reunión con los representantes de la Secretaría de Gobernación estatal, a fin de que puedan evaluar si cuentan con la competencia jurídica para poder intervenir en esta problemática. (PSR)