Al calificar delitos, fiscalías pueden aparentar disminución de crímenes

Al contar con la facultad para calificar un feminicidio como un delito por lesiones, las fiscalías utilizan las cifras para mostrar una disminución de la incidencia delictiva, explicó el coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana Puebla, Simón Alejandro Hernández León.

En entrevista para e-consulta, el académico explicó que las cifras de incidencia delictiva que presenta cada mes las Fiscalías son limitadas para entender el problema de la inseguridad.

Para el académico, las estadísticas oficiales deben contrastarse con las cifras negras porque, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIOE), de los 31.3 millones de delitos ocurridos en el 2023, sólo el 10.4 por ciento se denunció.

En este contexto, explicó que, en algunos casos, las víctimas deciden no denunciar por trámites burocráticos, porque los policías limitan el acceso a los ciudadanos cuando llegan a las fiscalías o debido a que los mandan a otras oficinas.

“Si tenemos en el país una cifra negra, alrededor del 90% de delitos que no se denuncian y solo ingresan 10 formalmente al sistema. Entonces, todo lo que no está denunciado corresponde a una incidencia delictiva no registrada y no visibilizada. Y ese es un primer problema”, enfatizó el académico.

Uso indebido de la distribución de los delitos

Simón Alejandro Hernández explicó que, desde el siglo pasado, los ministerios públicos son los encargados de definir la calificación jurídica de un delito, acción que les permite usar de manera indebida la distribución de los ilícitos.

“Desafortunadamente esta tendencia prevalece. Entonces, pensemos en el delito como la desaparición forzada, que la fiscalía lo califiqué de inicio como privación de la libertad o en alguna otra variable para que no aumente la estadística de la desaparición forzada (…) Esta facultad del Ministerio Público nos lleva también a un uso un potencial de la estadística”, explicó Simón Alejandro Hernández.

El profesor universitario también indicó que, por el sistema penal acusatorio, los jueces son quienes definen un delito como violencia familiar o feminicidio.

Además, explicó que es necesario la creación de observatorios ciudadanos que analicen la información generada por las fiscalías, porque los agentes del Ministerio Público pueden informar que realizaron 50 investigaciones en un mes, pero en realidad giraron 45 oficios e hicieron cinco investigaciones de campo.

De acuerdo con información oficial, de los 21 feminicidios que ocurrieron entre el 2023 y 2024, 23 personas fueron detenidas y vinculadas a proceso, pero sólo dos cuentan con sentencia.

Fiscalías deben contar con una política de persecución del delito

Para generar información que permita entender el problema de inseguridad, el coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la universidad Ibero dijo que las fiscalías deben de contar con una política de persecución penal.

Al tener las fiscalías una estrategia de priorización de casos, el académico explicó que la ciudadanía no podrá tener índices que le permitan conocer cuánto tiempo tardan los agentes del Ministerio Público en investigar.

“A partir de que se reciba una denuncia al delito, cuánto tiempo tarda en investigar, cuánto tiempo tarda en interferirse en la acción penal, cuántos de estos delitos logran una sentencia condenatoria, no solamente la vinculación a proceso, cuántos de estos se mantienen después de los recursos que presentan las personas detenidas o investigadas, puede haber una vinculación a proceso, pero puede quedarse en efecto en un amparo”, explicó el académico.

De acuerdo con las cifras oficiales, hubo una disminución del 34. 8 por ciento en las denuncias de robo a transportista con violencia en el primer bimestre de este año.

Por las 396 carpetas de investigación iniciadas entre enero y febrero de 2024, en el mismo periodo del 2025 se contabilizaron 258 casos.

Sin embargo, en el primer bimestre del 2024, cuatro personas fueron detenidas y vinculadas a proceso, pero ninguna recibió una sentencia.

Entre enero y febrero del 2025, tres personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por el robo a transportista con violencia, pero ninguna recibió una sentencia. (CR)