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Tabasco se suma a estados que ya despenalizaron el aborto
El dictamen aprobado elimina las sanciones penales para quienes interrumpan su embarazo dentro de las primeras 12 semanas
Mujeres con pañuelo verde y cartulina con la leyenda Marea Verde
Foto: Generada con Grok
Con una votación de 33 a favor, uno en contra y una abstención, el Congreso de Tabasco aprobó este 14 de mayo la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, alineándose con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La decisión responde a una sentencia de la SCJN y a un amparo promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que derivó en la resolución del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito el 4 de abril.
Dicha resolución declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal de Tabasco que criminalizaban el aborto voluntario. El juez federal que sentó la orden fue Luis Enrique Pérez Chan.
Podría haber sanciones para quien se haga un aborto por su cuenta
El dictamen aprobado elimina las sanciones penales para quienes interrumpan su embarazo dentro de las primeras 12 semanas, pero establece penas de uno a tres años de prisión para quien provoque un aborto con consentimiento después de este plazo, y de seis meses a tres años para la mujer que lo procure por sí misma.
Esta medida busca cumplir con el mandato de la SCJN, que dio al Congreso local un plazo hasta el fin del periodo de sesiones, el 15 de mayo, para legislar al respecto.
De no hacerlo, se arriesgaban a una declaratoria de inconstitucionalidad similar a la ocurrida en Chihuahua, que permite el aborto sin límite de tiempo.
Jorge Orlando Bracamonte Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), aclaró que la reforma no contradice la jurisprudencia de la SCJN, ya que sólo penaliza el aborto después de las 12 semanas.
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Organizaciones feministas y de derechos humanos, como Marea Verde Tabasco, celebraron la reforma como un paso hacia la justicia reproductiva, aunque criticaron la falta de consulta pública.
Ebenezer Rodríguez de la Cruz, abogada y activista, señaló que la decisión se tomó sin diálogo con la ciudadanía, acusando al Congreso de seguir una “imposición” federal. (MCJ)