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El documento firmado por el edil auxiliar de Calmeca, junto a representantes de tres tortillerías locales, establece la prohibición de entrada de tortilleros de comunidades cercanas
Foto: Pinterest / Cortesía
Momentos de tensión se vivieron en la junta auxiliar de San Juan Calmeca, municipio de Tepexco, debido a la decisión unilateral del alcalde auxiliar, Luis Alberto Benítez Adorno, quien firmó un decreto para prohibir el ingreso de proveedores y comercializadores de tortillas procedentes de otros municipios.
El documento, titulado “Acuerdo con Asociación de Tortillerías de San Juan Calmeca”, fechado el 31 de mayo de 2025 y firmado por el edil auxiliar junto a representantes de tres tortillerías locales, establece la prohibición de entrada de tortilleros de comunidades cercanas.
“Se hace un acuerdo para detener el ingreso de vendedores de tortillas provenientes de otros municipios a la comunidad de San Juan Calmeca, perteneciente al municipio de Tepexco, para regular el derrame económico y que el producto que se consuma sea local, ya que este pueblo se rige bajo usos y costumbres.

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Por lo tanto, serán las tortillerías establecidas en la localidad las que abastecerán a la población”, se lee en el documento, donde se identifican algunas imprecisiones.
Aunque no se precisa la fecha de entrada en vigor, el documento fue suscrito por las tortillerías Guadalupana (María Arenas Galicia), Luna (Eustaquio Martínez Flores) y Casa Castillo (Paciana Ramos Adorno, presuntamente familiar del edil auxiliar).
Ante esta medida, vecinos se reunieron frente a una tienda de abarrotes de Calmeca, donde hubo intercambio de palabras, algunas en tono ofensivo hacia los propietarios locales. Fue necesaria la presencia de la Policía Municipal de Tepexco para evitar desórdenes, lo que finalmente no ocurrió.
Los habitantes cuestionaron la legalidad del acuerdo, pues los firmantes no presentaron acta de asociación y señalaron que los productos locales tienen mayor costo y, en algunos casos, menor calidad que los foráneos.
Consideraron una imposición que se les condicione dónde adquirir sus productos, además de que afecta el libre tránsito garantizado constitucionalmente.
Por su parte, los repartidores responsabilizaron al presidente auxiliar de cualquier represalia que puedan enfrentar en los próximos días. (RC)