Desmienten nota de Reuters sobre tensiones entre México y EUA

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó haber recibido solicitudes del gobierno de Estados Unidos para investigar, procesar o extraditar a funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado, como reportó esta misma mañana la agencia Reuters.

En comunicado la SRE calificó de absolutamente falso que en las reuniones sostenidas con el secretario de Estado Marco Rubio o su equipo haya solicitado actuar judicialmente contra algún funcionario o funcionaria mexicana.

La Cancillería aseguró que las conversaciones bilaterales fueron sobre la cooperación en materia de seguridad, bajo principios de soberanía, coordinación sin subordinación y respeto a los derechos humanos.

Dicha aclaración respondió a una que publicó Reuters hoy donde afirma —basada en cuatro fuentes anónimas— que el gobierno de Donald Trump exigió al gobierno de Claudia Sheinbaum procesar a políticos en funciones y extraditarlos a Estados Unidos si existieran vínculos criminales, como parte de una ofensiva contra el narcotráfico.

Acorde con la presunta nota falsa de la agencia, entre los señalados estarían cinco miembros actuales de Morena y un exsenador.

Una de las funcionarias presuntamente aludidas sería la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien Estados Unidos le canceló su visa, confirmó ella misma el 11 de mayo.

Ni la embajada estadounidense en México ni el Departamento de Estado del país vecino ofrecieron explicaciones al respecto.

Reuters añadió en su texto que las presiones se hicieron al menos en tres reuniones. Entre ellas la celebrada en Washington el 27 de febrero donde asistió el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, el fiscal general Alejandro Gertz y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Del lado estadounidense.

Del lado de la Unión América habrían estado presentes la fiscal general Pam Bondi y altos mandos de los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y Tesoro.

En esa reunión la agencia aseveró que se discutió la posible designación de un zar del fentanilo en Estados Unidos que se comunique directo con la presidenta Sheinbaum, además de la exigencia de inspecciones más estrictas en la frontera para interceptar cargamentos y personas vinculadas con el narcotráfico.

Otro punto mencionado fue la extradición de 29 presuntos miembros de cárteles mexicanos a Estados Unidos a finales de febrero, un gesto que Reuters vincula con amenazas previas de Trump de imponer nuevos aranceles a productos mexicanos si el gobierno mexicano no intensificaba su colaboración.

En entrevista con Reuters, un integrante del gabinete de seguridad mexicano reconoció que la petición representa una línea roja porque en México, los gobernadores y legisladores federales en funciones gozan de fuero constitucional y solo pueden ser procesados por delitos federales graves con autorización del Congreso.

El precedente más cercano de un conflicto diplomático por temas similares ocurrió en 2020, cuando la detención del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, en tierra estadunidense derivó en una suspensión temporal de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Cienfuegos fue liberado tras presiones del gobierno mexicano y regresó al país sin enfrentar cargos judiciales.

Ni la Presidencia de México ni la Fiscalía General de la República han emitido postura sobre la veracidad de los señalamientos. La Casa Blanca tampoco no ha respondido a las solicitudes de información de Reuters.

La Secretaría de Relaciones Exteriores insiste en que cualquier acuerdo sobre seguridad entre ambos países debe darse bajo condiciones de respeto mutuo y sin injerencia.

“Las conversaciones entre México y Estados Unidos no han incluido listas de nombres ni solicitudes de acción judicial específica. La cooperación bilateral es constante, pero se basa en el respeto a la soberanía de ambas naciones”, concluyó la Cancillería.