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Nación
El máximo tribunal determinó que fue víctima de tortura y que las pruebas en su contra fueron obtenidas ilegalmente
Juana Hilda, mujer detenida por caso Wallace
Foto: Cortesía
El máximo tribunal del país ordenó la inmediata liberación de Juana Hilda González Lomelí, quien pasó casi dos décadas en prisión tras ser señalada por el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.
La resolución se llevó a cabo este miércoles por los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con cuatro votos a favor y uno en contra, como respuesta, el tribunal determinó que durante su proceso hubo violaciones graves al debido proceso, y que las confesiones en su contra fueron obtenidas mediante tortura.
El proyecto, se presentó bajo la administración del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien subrayó que ninguna de las pruebas clave presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fue obtenida respetando los derechos humanos de las persona implicada.
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Conforme a las declaraciones presentadas de Juana Hilda, realizadas durante su arraigo en febrero de 2006 —lo que implicó 19 años de prisión— fueron entregadas bajo coacción y tortura. Evidencia que se invalidó debido a la irregularidad de las pruebas.
A la negativa, también se sumó la anulación de cateos realizados tanto en el domicilio de Juana Hilda como en el de Brenda Quevedo Cruz, otra de las procesadas, debido a que se justificaron con información derivada de las confesiones obtenidas mediante tortura.
Debido a las inconsistencias de las pruebas presentadas ante la Suprema Corte, sin estos elementos, no existe una prueba sólida que demuestre más allá de toda duda razonable que Juana Hilda participó en el caso Wallace.
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La resolución podría modificar el rumbo del caso Wallace, considerado uno de los más controvertidos de las últimas dos décadas, por lo que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) informó que esta decisión tiene efectos inmediatos en los procesos de otros acusados.
Entre ellos se encuentran César Freyre, Albert y Tony Castillo, cuyos amparos estaban suspendidos en espera de este fallo. También podrían beneficiarse Brenda Quevedo, actualmente en prisión domiciliaria, y Jacobo Tagle, quienes siguen procesados bajo las mismas pruebas hoy invalidadas.
Hugo Alberto Wallace fue secuestrado el 11 de julio de 2005 en la Ciudad de México. Días después, su madre Isabel Miranda de Wallace —quien falleció el año anterior— recibió llamadas de presuntos captores exigiendo un rescate. El caso fue denunciado desde el 13 de julio y, poco después, las autoridades detuvieron a George Khoury Layón, aunque fue liberado por no tener vínculo con los hechos.
El 10 de enero de 2006, Juana Hilda fue detenida por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y recluida bajo cargos de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Desde entonces, surgieron acusaciones de tortura, así como irregularidades en el proceso judicial mediante la difusión mediática del caso encabezada por Isabel Miranda, quien exhibía públicamente a los presuntos responsables en espectaculares y ruedas de prensa. (MCJ)