Pagarán 2 mil mdp para terminar deuda del Barroco, pero sin aclarar origen

Aunque el gobernador Alejandro Armenta celebró que se pagarán dos mil millones de pesos a Grupo Hermes para finalizar la Asociación Público-Privada del Museo Internacional del Barroco (MIB), no explicó cómo y en cuánto tiempo se cubrirá este monto.

De la misma manera, la fiscal Idamis Pastor Betancourt se negó a ofrecer mayores detalles sobre quiénes y cuántas personas están siendo investigadas por actos irregulares en relación a la firma de dicho contrato, únicamente adelantando que se habrían cometido al menos dos delitos: desvío de fondos y defraudación.

En un evento público realizado en este recinto cultural, el mandatario estatal congregó al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, así como a otros funcionarios federales y estatales, para confirmar lo que ya era conocido: el gobierno de Puebla utilizó la figura de la terminación anticipada para culminar el contrato.

Los términos de esta cancelación consisten en pagar 2 mil millones de pesos adicionales a los 3 mil 974 millones que ya se han cubierto de 2016 a la fecha, de tal manera que se obtiene un ahorro de 8 mil millones de pesos con respecto a los 10 mil que restaban de este compromiso adquirido por el gobierno poblano, según explicó el jefe de gabinete, José Luis García Parra.

Esta decisión fue justificada por el subsecretario de Finanzas, Víctor Hugo Domínguez Amado, quien argumentó que este museo, inaugurado por el fallecido gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en 2016, nunca logró la meta de visitantes que se tenía planteada.

De acuerdo con las cifras que maneja el gobierno estatal, 180 mil 44 personas visitaron el MIB en 2017, pero en lo que va del año sólo han acudido 14 mil 171, de un estimado de 700 mil visitantes que estaban proyectados para 2025, según explicó el subsecretario.

Para materializar la decisión de terminar la APP, los representantes del gobierno estatal firmaron un convenio con los representantes de Grupo Hermes, pero no informaron mayores detalles sobre cómo se obtendrán los dos mil millones de pesos necesarios para el pago comprometido, ni tampoco cómo se realizará.

Pago no afectará megaobras: Armenta

Una vez firmado el acuerdo, el gobernador Armenta se pronunció y acusó que en el pasado fue perseguido por la Fiscalía General del Estado (FGE) por denunciar sobre lo que describió como una “deuda oculta” de 60 mil millones de pesos en forma de asociaciones público-privadas y otros mecanismos de financiamiento.

Además, el mandatario insistió en que tras la firma, “el Museo Internacional del Barroco ya es de las y los poblanos” y que pone fin a una deuda que afectaba la capacidad de su gobierno y dos administraciones más para realizar inversiones.

En este sentido, Armenta descartó que el pago de 2 mil millones de pesos para terminar con la deuda de la APP vaya a afectar la capacidad del gobierno para hacer obras públicas, incluyendo el Cablebús.

El gobernador insistió en que este proyecto de transporte público tiene el aval del INAH, así como que será el más grande de México y que se hará sin recursos privados, sólo con inversión estatal.

Las investigaciones

Durante su participación, el coordinador de gabinete hizo énfasis en que la terminación de la APP no implica que finalizarán las investigaciones contra funcionarios de la administración de Moreno Valle que participaron en la firma de este acuerdo.

En este respecto, el gobernador Alejandro Armenta no accedió a brindar mayores detalles sobre estas averiguaciones, las cuales solicitó durante una conferencia de prensa que se realizó semanas atrás.

En su momento la titular de la FGE explicó que “a final de cuentas había letras chiquitas dentro de este acuerdo, así como en otros que tenemos líneas de investigación, como es el Teleférico, como es el CIS, como es las plataformas de Audi, entonces tenemos líneas de investigación diversas”.

La funcionaria insistió en que se están realizando las indagatorias pertinentes y se hizo eco de los dichos de García Parra, afirmando que el acuerdo al que se llegó no implica que se detendrán las averiguaciones, que iniciaron en el año 2020, durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

Sin embargo, Pastor Betancourt se negó a revelar nombres concretos o cuántas personas se están investigando. (MCJ)