En Guadalupe Victoria van dos gobiernos municipales y no pueden terminar el mercado

En el municipio de Guadalupe Victoria, ya han pasado dos administraciones municipales y aún no se concluye la construcción del mercado municipal, pese a que la obra tiene un costo de 60 millones de pesos. Primero gobernó Aurelio Flores Solano, y actualmente su esposa, María Fernanda Romero, encabeza el Ayuntamiento.

De acuerdo con el informe de la cuenta pública 2023 de la Auditoría Superior del Estado (ASE), la construcción del mercado comenzó el 13 de marzo de 2023 y debía entregarse el 6 de enero de 2024, es decir, en un plazo de 10 meses. Sin embargo, la obra no está ni a la mitad, según denuncian los propios ciudadanos.

La ASE detectó al menos 21 irregularidades, pese a que el gobierno municipal entregó documentación para intentar transparentar el proyecto.

Entre las inconsistencias señaladas están la falta de dictámenes de impacto ambiental, planos arquitectónicos y de ingeniería incompletos, especificaciones técnicas deficientes, reportes fotográficos irregulares, y omisión de análisis de precios unitarios por concepto de trabajo.

Además, hubo anomalías en el proceso de adjudicación. La empresa contratista ganadora presentó una propuesta por 60 millones 001 mil 281 pesos, cifra que rebasó el presupuesto autorizado, que era exactamente de 60 millones de pesos.

La ASE señaló que esto debió haber invalidado la adjudicación, ya que todas las propuestas rebasaban el presupuesto y no existía solvencia para el pago de la obra. En consecuencia, la licitación debió declararse desierta.

También se identificó un oficio sin número, fechado el 10 de marzo de 2023, firmado por el presidente del Comité Municipal de Obras Públicas, en el cual se solicitó a la contratista un ajuste presupuestal, lo que otorgó una ventaja indebida frente a otros participantes.

En cuanto a documentación técnica, los anexos de la memoria de cálculo, la mecánica de suelos, el programa de ejecución de obra, así como los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por concepto de anticipo y finiquito, carecen de firmas y nombres de los responsables.

En materia ambiental, se presentó una solicitud de regularización de impacto ambiental el 19 de noviembre de 2024, pero fue considerada improcedente, pues se ingresó fuera del plazo establecido en el contrato, y no se acompañó del resolutivo correspondiente.

Ante este cúmulo de irregularidades, la ASE declaró un presunto daño patrimonial por 60 millones de pesos, al tratarse de recursos públicos cuyo destino o ejercicio no ha sido debidamente justificado. (RC)