Niegan amparo a pueblos indígenas y sí se construirá autopista en Chiapas

La jueza primera de distrito, Doris Yadira Ponce Figueroa, negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por pueblos originarios para detener la construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas–Palenque, en Chiapas.

La decisión, tomada tras ser negada la petición de las comunidades indígenas, permite que las obras continúen pese a las denuncias de afectaciones ambientales y culturales que acarrearán el megaproyecto, cuyo inicio fue anunciado el 8 de junio.

Tanto las organizaciones civiles y abogados que acompañan el proceso señalaron que la negativa del amparo dejó en estado indefenso a las comunidades indígenas, al permitir que el proyecto avance sin brindar información adecuada y oportuna sobre su impacto.

Omisiones oficiales y falta de consulta previa

Los inconformes criticaron que el decreto usado por el Ejecutivo estatal no cumple con estándares internacionales de derechos humanos en materia de consulta indígena y aseguraron que las supuestas consultas se realizaron a “mano alzada”, es decir, sin información clara ni diálogo, durante el cual incluso participaron personas ajenas a las comunidades afectadas.

También señalaron que la jueza omitió considerar que el acceso a la información ambiental es una condición esencial para cualquier proceso de consulta pública: “La omisión de brindar información es una carga probatoria que debe desvirtuar el gobierno, no las personas quejosas”, afirmaron.

Actualmente, el trámite del juicio de amparo se encuentra suspendido hasta que se resuelva un recurso de queja promovido por la Secretaría de Infraestructura del Estado. Mientras tanto, los pueblos afectados esperarán la resolución de un recurso de revisión interpuesto contra la negativa de la suspensión definitiva del proyecto.

Apoyo internacional y exigencia de respeto a la autodeterminación

En respuesta a las omisiones del gobierno de Chiapas y a la falta de publicación de la Manifestación de Impacto Ambiental, 429 personas solidarias y 33 organizaciones civiles y académicas de 25 países —incluidos México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Colombia, Brasil y Argentina— firmaron la “Declaratoria de territorios libres de megaproyectos”.

A esta declaratoria se sumaron también 12 mil 516 personas pertenecientes a pueblos originarios de los municipios que serán afectados directamente por la autopista. Con ello, exigieron respeto a su derecho a la libre determinación, a la consulta previa, libre e informada, y el cese de la criminalización de defensores de derechos humanos y del medio ambiente.

Los firmantes denunciaron que la autopista representa un daño irreparable al territorio y al entorno ecológico de la región, y cuestionaron si realmente responde a las necesidades de las comunidades: “¿Es desarrollo para ellas y ellos una autopista? ¿O quizá quieran y necesiten otras obras de infraestructura, como escuelas u hospitales en sus territorios?”, concluyeron. (MCJ)