Proponen relaminar la ciudad con impuestos y fideicomisos: bachean en vano

La política de obra pública en Puebla está marcada por la improvisación, la opacidad y la falta de visión técnica, así lo advierte el ingeniero civil constructor de varios hospitales del IMSS, Raúl Carpinteyro y Vera, quien considera que el problema que se vive en la capital va más allá del bacheo, pues lo que se requiere es un reencarpetamiento integral de la ciudad.

“El bacheo es tirar el dinero”, afirma el también responsable de edificar la Unidad Habitacional La Margarita y Rivera Anaya. Recuerda que durante varias administraciones plantearon alternativas técnicas sin éxito y por ello lamenta que las autoridades desestimen propuestas técnicas que podrían significar soluciones de fondo.

“Se los hemos dicho a las cuatro administraciones anteriores, se tiene que reencarpetar. Les hemos dicho procedimientos y no nos escuchan”, declaró.

Durante su participación en el programa Cuchara, Cuchillo, Tenedor, Carpinteyro evocó un caso exitoso del pasado, en los años 60, se creó un impuesto municipal para embovedar el Río San Francisco y construir el bulevar 5 de mayo, medida, que no sólo fue efectiva, sino que incluso permitió financiar obras adicionales.

“Ese impuesto fue tan bueno que se hizo toda la obra y alcanzó para hacer el bulevar Hermanos Serdán”, mencionó.

A partir de esta experiencia, propone implementar un modelo similar hoy en día, destinando recursos para una transformación urbana. Sin embargo, señala que enfrentan resistencia desde las instituciones, que prefieren continuar con modelos administrativos tradicionales.

“Me voy a meter en algo que es coyuntural... el asunto es que cuando les hemos dado ideas de cómo hacerlo, el primer obstáculo lo tenemos dentro es porque les da miedo. Les da miedo implementar cosas nuevas quieren institucionalmente manejarlo todo … Entonces ahí hemos tenido un conflicto muy grave”, declaró.

El también ingeniero de los puentes del Río Atoyac y de Romero Vargas en la vía Quetzalcóatl y otros en la Sierra Norte, en la Sierra Mixteca, el de Coacalco y e Ixcamilpa, recuerda que, en otros proyectos, como la reubicación de ambulantes, se logró avanzar sin recursos públicos gracias a la creación de fideicomisos.

“Cuando me invitan a México y creo un programa para los ambulantes... les dije, el gobierno no tiene dinero para hacer mercados, o le ponen dinero ustedes o seguirán en la calle”, mencionó.

Con esta experiencia, argumenta que existen mecanismos para financiar obras sin depender exclusivamente del erario. Plantea que ingresos como los generados por fotomultas o parquímetros podrían canalizarse a un fideicomiso para relaminar calles y banquetas.

“Se los hemos propuesto desde hace mucho tiempo al Ayuntamiento, que esos impuestos se generen en un fideicomiso especial, pero que no entre a la tesorería. Entonces se puede hacer que todo lo que sea a una multa o lo derivado de las vialidades se vaya a ese fideicomiso y todo bajo la tesis, no bachear, sino relaminar”, declaró.

La clave, afirma, está en reutilizar materiales y aplicar procesos técnicos adecuados.

Con ejemplos, Carpinteyro explica cómo puede aprovecharse el mismo material retirado de las calles para crear nuevas capas de pavimento, optimizando recursos.

“¿Qué les hemos dicho?... simplemente con equipo menor levantas toda la carpeta... ese mismo material se reutiliza... y ahorita lo que hacen, levantan todo, lo llevan y lo tiran y traen material nuevo”, mencionó.

Lamenta que la sociedad civil organizada no sea escuchada, a pesar de su participación constante en consejos y foros técnicos.

“La sabiduría ciudadana es muy importante y en este caso nosotros nos hemos conformado en los colegios dando opiniones, en los consejos dando opiniones, pero no nos escuchan. Lo que yo planteo es cómo sí se pueden hacer las cosas y no nos quieren escuchar, o tienen intereses que van más allá de lo que debe ser”, puntualizó el también autor de dos libros especializados.

El caso San Alejandro

Otro de los temas que abundó en el programa de entrevistas fue sobre la demolición del Hospital San Alejandro del IMSS tras el sismo de 2017. Según sus estudios y los de otros expertos, no era necesario demoler el edificio, ya que el asentamiento detectado era natural por las características del subsuelo.

“Cuando se termina de colar la estructura del edificio, de San Alejandro, hubo un asentamiento de 8 centímetros porque en la zona hay agua sulfurosa, hay roca caliza que es muy porosa y entonces asienta, pero no es nada peligroso, al contrario, se empotra más y entonces está mejor armado. Después hubo otro asentamiento y en todo ese proceso vinieron los geólogos y el estructurista, coincidíamos que si se le quitaban dos pisos al edificio era suficiente”, declaró.

Subraya que el hospital estaba estructuralmente sano y que se pudo haber rehabilitado con modificaciones mínimas. Asegura que cuando se anunció la demolición, entregaron un documento respaldado por varios especialistas en el que se planteaba conservar gran parte de la estructura.

“Entonces cuando se anuncia la demolición hicimos un documento, yo personalmente llevé el escrito firmado por los que intervenimos diciéndole que solamente era necesario quitarle 2 niveles a San Alejandro. Y me dice que no el ingeniero, que ya tiene más de 40 años y ya es tiempo de renovarlo”, comentó.

Pero sus argumentos fueron ignorados, señala, por razones económicas más que técnicas. Carpinteyro sostiene que el verdadero trasfondo fue un negocio, no una decisión médica o técnica.

“Y entonces se encapricharon. Lo demolieron y lo están haciendo en el mismo lugar”, declaró el ingeniero de la BUAP.

La obra pública se hace sin proyectos

Uno de los ejes más críticos de su intervención es la ausencia de proyectos ejecutivos en muchas obras, asegurando que esta omisión viola la ley estatal y eleva los costos por la improvisación.

“La obra pública ahorita se hace sin proyectos. Yo conozco casi todos los consultores sin proyectos”, declaró.

Critica que se prioricen las prisas sobre la planeación técnica y recuerda que él mismo fue coautor de la Ley de Obra Pública del estado, que exige contar con permisos y estudios completos antes de iniciar cualquier obra.

“El artículo 19 de la ley de obra pública del estado, dice que para obtener el oficio de autorización de recursos., se deberá cumplir lo que dice el artículo 22 en sus fracciones 2, 4 y 5. Estas fracciones menciona que previo al inicio de un procedimiento de adjudicar de un contrato de obra pública o sea una licitación, las dependencias deben tener primero todos los permisos, el proyecto ejecutivo completo, el programa y especificaciones … finalmente, una vez obtenido todo eso, 5 días después podrá iniciar el procedimiento”, mencionó.

Pero lamenta que la ley se incumpla sistemáticamente, para él, el problema no es normativo, sino de aplicación. Advierte que, si se licitan incluso los estudios previos, las obras nunca llegan a ejecutarse a tiempo ni con calidad, e insiste en que todo proyecto debe iniciar con estudios técnicos fundamentales, desde topografía hasta impacto ambiental, seguidos por el desarrollo del proyecto ejecutivo.

“La obra pública requiere primero estudios técnicos fundamentales..., ya que tienes esto, tienes que ir al proyecto ejecutivo... y ya con todo eso se lanza la licitación... pero no lo hacen y se los hemos dicho una y otra”, mencionó.

Lamentó que la ejecución se anteponga a la planeación, encareciendo obras sin mejorar su calidad.

Finalmente, advierte que, de no revertirse esta situación, la obra pública seguirá deteriorándose, no por falta de dinero, sino por falta de voluntad política y planeación.

“La improvisación lleva a que los constructores tengan que diseñar al mismo tiempo que ejecutan... lo cual encarece y afecta la calidad de las obras”, declaró.

El problema concluye, no está en la ley, sino en los intereses que impiden aplicarla correctamente. (CR / PSR)