Desaparición de personas, ligada a crimen organizado, corrupción e impunidad

El viernes 28 de abril de 2017, Juan de Dios Núñez Barajas, un joven de entonces 23 años de edad, originario de Palmar de Bravo, uno de los municipios con alta incidencia delictiva en Puebla, fue a comer y a hacer compras propias de casa a las ciudades más cercanas a su comunidad; ese día lo acompañaron dos amigos, Abraham y Vicente. Fue durante su camino de regreso a casa cuando algo pasó, desaparecieron. Las investigaciones emprendidas por parte de las instituciones de justicia en el Estado mexicano no han esclarecido este suceso después de ocho años y este sólo es un ejemplo de los casos de personas desaparecidas que aumentan cada día en México y en el estado.

María Luisa, madre de Juan de Dios, ha enfrentado todo tipo de adversidades con el único propósito de encontrar a su hijo y saber qué fue lo que pasó aquel día que lo vio y escuchó por última vez. En el camino, decidió fundar el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, el primero en su tipo en el estado, a través del cual ha ayudado a más de 50 familias que pasan por la misma situación.

“Yo ya había recurrido a la Fiscalía, ya había recurrido a la Fiscalía General de la República, yo ya había acudido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo ya había interpuesto una queja ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Al ver que nada de esto funcionaba, pues ya lo hice (el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla), como: ¡Ya no sé qué más hacer! .. Como una necesidad ante mi desesperación, ante mi frustración de no haber tenido respuestas”, relató María Luisa en entrevista para este medio.

Cinco años después sin ver a su hijo Juan de Dios, el 18 de febrero del 2022, María Luisa lo encontró, también a Abraham y a Vicente, así como a tres chicos más, todos sin vida, en una fosa clandestina en el municipio de Quecholac, muy cerca de su localidad. Actualmente, María Luisa, quien también es abogada de formación, acompaña a otras personas que pasan por la desaparición forzada de algún familiar en Puebla.

Estadísticas de personas desaparecidas en Puebla

El registro histórico del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDO) indica que, entre 1960 y junio de 2025 se han registrado 2 mil 946 casos de personas desaparecidas y no localizadas en la entidad poblana. La mayor cantidad, mil 724 casos, se registraron como ‘confidencial’, por lo que no proporcionan información adicional significativa.

A nivel histórico, el municipio de Puebla documenta la mayor incidencia con 422 casos desde 1960, mientras que Tehuacán ocupa el segundo lugar con 57 registros. Cifras oficiales del primer semestre de 2025 también ubican a Puebla como la demarcación con más casos en la entidad (127) y Tehuacán también se mantiene en segundo lugar (15). La diferencia entre las cifras de ambos es notable.

Respecto a las cifras correspondientes al primer semestre de 2025, la RNPDO contabilizó 310 casos en el estado de Puebla, lo que evidencia un aumento respecto del mismo periodo, pero del año anterior, 2024 (174 casos). Es decir, alrededor de dos personas han desaparecido cada día en la entidad poblana a lo largo del año.

Los datos históricos también reflejan un aumento notable de casos a partir de 2023 (129) a diferencia de 2022 (41). De acuerdo con la organización Red Lupa, especializada en casos de personas desaparecidas y no localizadas en México, uno de los factores que propicia el aumento en las cifras es el avance en la creación de institucionalidad y leyes locales; asimismo, ubica a Puebla como un estado con un nivel medio superior de gravedad.

Al respecto, el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla añade que los casos de personas desaparecidas en el estado y el país son mayores a los registrados por la RNPDO, puesto que existe una cifra negra, que se refiere a los casos no reportados porque no todos presentan una denuncia.

“Nosotros insistimos que mínimo en Puebla sigue habiendo 3 mil desaparecidos de diferentes edades, tenemos niños desaparecidos, tenemos adolescentes, personas adultas, principalmente, por ejemplo, traileros, camioneros, gente que trabaja como repartidores o que son gente en una edad económicamente productiva para nuestro país. Y en cuestión de mujeres, pues tenemos una edad de entre, aproximadamente, los 17 años a los 35 años, quienes están desaparecidas”, mencionó María Luisa Núñez Barajas, fundadora del colectivo en el estado poblano.

Desapariciones, ¿un crimen de Estado?

Colectivos y defensores de Derechos Humanos en México señalan que los casos de desaparición de personas en el país son un crimen de Estado, debido a que las instituciones gubernamentales no están garantizando el acceso a la justicia de todos sus ciudadanos.

Según su experiencia, los principales factores que propician la desaparición de personas son los grupos de narcotraficantes (de drogas o armas), el vínculo entre el crimen organizado y las autoridades gubernamentales, la corrupción que permea en todos los niveles de la sociedad y la impunidad cada vez más frecuente en el sistema de justicia mexicano (promedio nacional de 93 % de impunidad, Hallazgos 2023. Seguimiento y evaluación de la justicia penal en México, 2024).

Además, en los casos de personas desaparecidas convergen otros delitos como el crimen organizado que capta a los jóvenes para sumarlos a sus filas y estos aceptan ante la falta de empleo y otras oportunidades. Otros delitos son la trata de personas, el consumo de sustancias ilegales, los asaltos en carretera, el secuestro, los feminicidios, entre otros.

Los activistas como defensores del territorio y padres o madres buscadores también son vulnerables a la violencia sistémica dentro de México, pues han sido asesinados o desparecidos.

“Muchos de los jóvenes son reclutados para obligarlos a trabajar como sicarios, pero también muchos otros son cooptados por estos grupos delincuenciales ante la falta de oportunidades en la vida, ante la falta de empleo, ante la falta de salarios, no los justifico. No. Pero si hubiera más atención de darle prioridad a las necesidades de la gente y no sólo crear programas de populismo, si nuestra educación estuviera a la altura de lo que los mexicanos necesitan, digo, nuestra educación en las escuelas, el inculcar valores. Si tuviéramos un sistema de justicia estricto y respetable, la gente pensaría dos veces en delinquir”, declara la activista y abogada.

“Señora inconforme”, declaraciones de la Segob Puebla

El pasado martes 29 de abril de este año, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, infirió en conferencia de prensa que María Luisa Núñez Barajas era una “señora inconforme” y que la desaparición de su hijo tenía que ver con un supuesto vínculo de la víctima con el crimen organizado en el Triángulo Rojo.

“Una señora que anda inconforme, pero si le rascan ustedes a los medios, a la información, resulta que el hijo que ella reclama tenía temas ahí en Tehuacán y en el Triángulo”.

Al respecto, la fundadora del colectivo evidencia la revictimización que sufren las víctimas de desaparición forzada en la entidad, no sólo de la sociedad, sino también de los medios de comunicación y el gobierno.

“Nadie tiene derecho a ser desaparecido y no hay ninguna razón, motivo, excusa, circunstancia que justifique las desapariciones. Que yo sepa Abraham, Vicente y Juan de Dios no eran delincuentes. Que yo sepa, porque no hay una investigación paralela en contra de ellos”, declaró para este medio.

Enfatizó que, si bien los hermanos Abraham y Vicente habían trabajado para la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) durante siete y cinco años, respectivamente, hasta el momento no hay una versión confirmada de que pertenecieran a algún grupo delictivo de la zona como se ha difundido y añadió que su hijo era un civil que trabajaba con su familia en el campo.

“Mi hijo fue solo un civil. En su momento, nunca lo estuvieron investigando por tener nexos con algún grupo o que secuestraba o que violaba o que pertenecía a un cártel o cosas por el estilo, porque el dinero que llevaba, sabíamos que sobre todo provenía de las cosechas del campo porque mi papá era campesino y Juan de Dios trabajaba con él”.

Tras las declaraciones del secretario de Gobernación, María Luisa pidió apoyo al Comité Cerezo México para que emitiera una acción urgente ante el Gobierno Federal, que a su vez pidió la intervención de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla, para emitir una recomendación al funcionario y dejara de hacer comentarios alusivos a cualquier integrante del Colectivo Voz de los Desaparecidos.

Asimismo, se ha pedido a la Fiscalía General de la República (FGR) que le requiera a Samuel Aguilar Pala la información que tiene sobre el caso de Juan de Dios y sobre la cual se basó para emitir dichas aseveraciones, “porque si él tiene acceso a información privilegiada, tiene la obligación de colaborar en la investigación, que sigue abierta”, añadió.

Actualmente, el colectivo mantiene reuniones con el gobernador Alejandro Armenta para plantear las problemáticas del desempeño de los servidores públicos en materia de desaparición de personas. Recientemente, tuvieron su tercera reunión, pero para el caso específico de María Luisa, ella ha pedido a la CDH Puebla que Aguilar Pala no esté presente, al menos en el seguimiento de su caso bajo el argumento de que no se siente tranquila ni segura de compartir el mismo espacio con su agresor, petición que ha sido cumplida.

Avances en materia de desapariciones en Puebla, ¿qué falta?

De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cada entidad de la República Mexicana debe tener una ley estatal, fiscalía especializada y una comisión de búsqueda, en materia de desaparecidos.

Sin embargo, la problemática sigue en aumento, según señalan las estadísticas oficiales y de las organizaciones de la sociedad civil. La abogada y fundadora de Voz de los Desaparecidos señala los siguientes puntos a tomar en cuenta:

1. De acuerdo con la Ley General, las instituciones del Estado deben garantizar la no repetición; no obstante, Puebla no está haciendo lo suficiente para evitar que sigan ocurriendo las desapariciones desde la prevención.

2. Los cuerpos de seguridad pública están fallando en garantizar seguridad a los ciudadanos.

3. Las fiscalías no están haciendo una investigación oportuna, pertinente y pronta. Sus investigaciones son de larga data (como les han llamado, para no decir eternas), lo que impide el acceso al derecho de una justicia pronta y expedita.

4. La Comisión de Búsqueda de Personas no siempre realiza investigaciones y búsquedas empíricas, profesionalizadas, exhaustivas, inmediatas como sí lo hacen los colectivos, organizaciones civiles o familiares de las víctimas.

5. Hay una crisis forense: “En Puebla, tenemos más de mil cuerpos sin identificar”.

¿Qué pasa por la mente de María Luisa?.. Estudió Derecho sin pensar que algún día le iba a servir para hacerle justicia a su hijo, a ella misma y a otras personas que, como ella, atravesaban la desaparición de un familiar.

- ¿No te da miedo?, se le cuestionó, por todas las implicaciones que conlleva ser la fundadora del primer colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla.

-Me da más miedo vivir. Vivir con miedo, Andrea. Me da más miedo vivir en tanta inseguridad y ver que nuestro estado está cooptado por la inseguridad, por el crimen, por la delincuencia y que no hagamos nada, que nos quedemos cruzados de brazos. Creo que es más terrible la indiferencia y pues me da más miedo vivir como vivimos.

-¿Qué necesitamos para acabar con esta problemática?

-Voluntad real, Andrea, en todos los niveles, voluntad. (MIG)