Por seguridad, piden revocar prisión domiciliaria a feminicida de Izúcar

Familiares de Adriana Carreón Fuentes, mujer originaria de Izúcar de Matamoros asesinada hace 27 años por su esposo, solicitaron a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) que se reclasifique la sentencia contra Gildardo Velasco Corro y se le retire el beneficio de prisión domiciliaria, al considerar que debe cumplir su condena en un reclusorio, con base en la valoración de la Dirección de Medidas Cautelares que lo señala como peligroso.

El feminicidio ocurrió en 1997, en el domicilio de la víctima ubicado en Cuautlancingo. Gildardo, entonces de 47 años, atacó a Adriana frente a su hija de cinco años y a la trabajadora doméstica, quien resguardó a la menor para evitar que también fuera agredida. Tras cometer el crimen, el hombre huyó con dinero y joyas de la víctima. Adriana era estudiante de psicología y ama de casa.

El agresor permaneció prófugo durante casi tres décadas, cambiando de identidad y escondiéndose en distintos estados del país, hasta que fue detenido el pasado 2 de agosto en Veracruz.

Pese a los dictámenes periciales de Maricela Betancourt Cabeza, evaluadora y supervisora de riesgos procesales del estado de Puebla, en los que se advierte la peligrosidad de Gildardo, el Juzgado de Distrito en Cholula le otorgó prisión domiciliaria.

Durante las vacaciones del juez Luis Fernando Cornejo Huesca, fue su secretario, César Omar Herrera Zárate, quien redactó la sentencia que favoreció al imputado, argumentando su edad como razón principal.

Los familiares denunciaron irregularidades y posibles actos de corrupción, pues, aseguran, existen penales especializados para adultos mayores que garantizan sus derechos humanos. Además, señalaron que el juez y su secretario han utilizado este tipo de maniobras en otros procesos.

El dictamen de medidas cautelares advierte que Gildardo presenta un riesgo procesal alto de sustracción y evasión de la justicia, representa un peligro para la sociedad, los testigos y las víctimas indirectas, carece de domicilio validado, empleo y arraigo en Puebla, además de que su conducta obstaculiza la investigación.

Por lo anterior, la familia exigió la revocación inmediata de la prisión domiciliaria, una investigación a los funcionarios judiciales implicados y que el feminicida sea recluido en un penal adecuado para adultos mayores, con el objetivo de evitar que este caso quede impune o sea silenciado por el sistema judicial. (APP)