Amanda Gómez Nava, investigada por comprar camioneta blindada

El Congreso del Estado investigará a la exauditora Superior del Estado, Amanda Gómez Nava, por comprar una camioneta blindada y adquirir alimentos para el personal sin presentar la documentación sobre la contratación de ambos servicios.

La camioneta que sigue en poder de la Auditoría Superior del Estado (ASE) está valuada en 2.8 millones de pesos y la adquisición de alimentos por 984 mil pesos consta en el documento presentado a los diputados locales.

Fue en la sesión de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado donde se reveló que la Unidad Técnica de dicha comisión realizó una auditoría financiera de este organismo sobre sus cuentas públicas 2023.

En la revisión se dio cuenta de dos observaciones contra la extitular de la ASE, Amanda Gómez y cinco exfuncionarios. La primera se refiera a la compra de un vehículo marca Chevrolet Tahoe con un blindaje nivel III de un monto de 2 millones 897 mil 680 pesos, contrato que se firmó en mayo de 2023.

Las observaciones se generaron porque no se encontró el dictamen de excepción a la licitación pública, ni las bitácoras del combustible que utilizó el auto, ni mucho menos se informó sobre que acredita que la camioneta sigue en resguardo.

La segunda problemática consta en la contratación del servicio de alimentos para el personal por un monto de 984 mil 471 pesos en febrero de 2023.

Refiere que la ASE no presentó documentos sobre la licitación para definir que la proveedora María del Carmen Jacqueline Hernández Tobón fuera la elegida para brindar dicho servicio.

Ante ello, la Unidad Técnica de la ASE reveló que comenzará un proceso de investigación que podrá durar alrededor de 15 días a fin de determinar si hay o no sanciones contra los exfuncionarios.

El 26 de octubre de 2023 el Congreso de Puebla aceptó la renuncia de Amanda Gómez Nava como titular de la ASE. La decisión fue aprobada por unanimidad, con 39 votos a favor.

Amanda Gómez Nava, quien debía cumplir un mandato de siete años tras la destitución de Francisco Romero Serrano —quien fue detenido y procesado por operaciones con recursos de procedencia ilícita—, sólo permaneció en el cargo un año y cinco meses. (MIG)