Ejidatarios reclaman casa de Noroña como bien comunal de Tepoztlán

Este viernes, un grupo de comuneros se congregó frente a la residencia del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán, Morelos, para manifestar su inconformidad.

Los inconformes acusan que la casa es un bien inmueble perteneciente al pueblo, sin escrituras ni títulos de propiedad, ya que se trata de tierras comunales y no de particulares.

A través de un video difundido en redes sociales se mostró a un comunero expresando su indignación: "Aquí no se puede vender ni se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros".

El manifestante resaltó que el senador Noroña tiene bienes que no le corresponden a él, sino a los comuneros de Tepoztlán.

"Tepoztlán no se deja. El pueblo de Tepoztlán exige que se respete esta propiedad del pueblo. El suelo de Tepoztlán es comunal. Ya basta de fraudes y corrupción. Fuera, fuera. Fuera Noroña", acusaron mientras son tenían carteles de protesta.

Se viola resolución presidencial

A través de videos difundidos por medios locales, Carlos Rojas, asesor jurídico de los Bienes Comunales de Tepoztlán, explicó que la casa de Gerardo Fernández Noroña se ubica en territorio comunal protegido por una resolución presidencial de 1929, sin posibilidad de escrituras públicas o impuestos legales.

Dicha resolución estableció la expropiación de tierras a la Iglesia Católica y se les otorgó a las comunidades para formar ejidos.

Rojas destacó que la adquisición fue irregular porque el predio no fue aprobado en asamblea y está en una zona no autorizada para uso residencial, recordando casos previos como los del Club de Golf, en los años 80, donde se anularon los títulos ilegales.

La propiedad de mil 200 metros cuadrados, valuada en 12 millones de pesos, podría enfrentar un juicio de restitución ante el Tribunal Agrario, ya que Noroña la compró mediante crédito notarial, algo incompatible con tierras comunales.

Rojas enfatizó la necesidad de unidad comunitaria y responsabilidad de autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para proteger el territorio, recordando luchas contra privatizaciones en los años 90 que detuvieron proyectos ambientales dañinos. (MCJ)