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Seguridad
José Pedro se encuentra recluido en el penal de San Miguel por los delitos de amenazas y tentativa de homicidio
Fachada de la FGE
Foto / Gran Angular
Familia de José Pedro N., quien está recluido en el penal de San Miguel, acusado de amenazas y tentativa de homicidio, señaló que lo juzgan sin pruebas ni elementos.
De acuerdo con documentos en poder de e-consulta, la esposa del acusado, María del Rocío, señaló que el proceso judicial con folio 1827/2024/Puebla presenta diversas inconsistencias y ha sido influenciado por dos trabajadores de la FGE.
Señala a Socorro Lozada, perito técnico y denunciante, quien sería esposa de Erick Alejandro Melin, auxiliar en el área de homicidios. Según la esposa de José Pedro N., esta relación ha incidido en la calificación inicial de los hechos y en la negativa de medidas cautelares alternativas.

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La jueza Alejandra Román Pérez, encargada de resolver la audiencia de medidas cautelares, negó el arraigo domiciliario, a pesar de que la defensa presentó certificados médicos oficiales que acreditan que José Pedro padece diabetes tipo 2, hipertensión, hígado graso en etapa 2, desviación de columna y alteraciones de tiroides, avalados por el Hospital General del Sur y el Hospital Universitario de la BUAP.
De acuerdo con la denuncia de los familiares, las investigaciones carecen de pruebas materiales, periciales y científicas que respalden el testimonio de Socorro Lozada. Sin embargo, el juez de control Renato Rojas Hidalgo vinculó a proceso al imputado, fundamentando la decisión únicamente en testimonios de familiares de los trabajadores de la FGE, lo que, según la defensa, vulnera los principios constitucionales del artículo 20 de la Constitución mexicana.
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Ante las presuntas irregularidades, la defensa y la esposa del acusado pidieron a las autoridades iniciar una carpeta de investigación contra Socorro Lozada y Erick Alejandro Melin por la probable comisión de delitos como abuso de autoridad, tráfico de influencias, ejercicio indebido del servicio público, falsedad de declaraciones, coalición de servidores públicos, obstrucción a la justicia y fabricación de delitos.
También solicitaron garantizar la separación inmediata de cualquier funcionario con conflicto de interés en el caso, conforme a los principios de imparcialidad, legalidad y equidad procesal.
La familia del acusado ha enviado cartas a la titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt; al gobernador Alejandro Armenta y al titular de la Secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, con la finalidad de que se revise la carpeta de investigación y el proceso legal que mantiene privado de la libertad a José Pedro N.
María del Rocío advirtió que las acusaciones afectan a toda la familia, ya que José Pedro N., es el principal sustento de su hogar y padre de dos hijos. (MIG)