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Nación
El contrato del Estudio MMX ascendió a 4 millones 431 mil 200 pesos mexicanos
María Elena Álvarez-Buylla Roces
Foto: X @ElenaBuylla
Senadores de la oposición exigieron investigar y sancionar a María Elena Álvarez-Buylla, extitular de Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) entre 2018 y 2023, por presuntos conflictos de interés.
Manuel Añorve Baños, coordinador en el Senado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que se realizó la solicitud formal ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Apuntó que el hecho ocurrió en la contratación del despacho de arquitectura Estudio MMX para la museografía del Centro Nacional de Cultura de la Salud y Bienestar Kalan, en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX).
El funcionario explicó que se sospecha la parcialidad porque la misma firma trabajó previamente en un proyecto privado para la hija de Álvarez-Buylla; no hubo concurso público.
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“Una más de las transas en el sexenio de López Obrador (AMLO) y en especial en Conahcyt (…) con contratos a modo”, acusó el senador en una entrevista para El Universal.
De acuerdo con registros oficiales, el Estudio MMX no sólo se asignó de manera directa al proyecto Kalan, sino que el contrato ascendió a 4 millones 431 mil 200 pesos.
El funcionario priista acusó que esta relación profesional previa debe investigarse, pero que: “el actual gobierno la va a proteger, como a los exfuncionarios de Segalmex, de Birmex, el huachicol fiscal y de otras dependencias”.
Recordó que en la administración de AMLO se persiguió a investigadores y estudiantes del Conahcyt mientras Álvarez-Buylla contrató a modo; concluyó que ahora se sabe que ‘las transas’ llegaron al sector científico.
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Previo a la acusación formal del conflicto de intereses, la extitular del Conahcyt se deslindó de las irregularidades millonarias en las arcas del instituto que gestaron y llevaron a cabo durante su administración.
Se defendió en entrevistas e incluso subió una carta a sus redes sociales, donde acusó una supuesta campaña de asedio mediático en su contra tras evaluaciones de la Administración Pública Federal (APF) al entonces Conacyt.
“(La ASF) determinó un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) por 25 millones", confirmó Álvarez-Buylla en el documento que publicó el 15 de octubre a las 20:56 horas.
Con información de El Universal y El Imparcial. (PSR)