Violencia contra activistas en México: el recuento mortal de cuatro años

En los últimos cuatro años, de octubre de 2021 hasta octubre de 2025, México fue testigo de una ola de violencia contra activistas, incluyendo defensores ambientales, de derechos humanos y políticos.

Acorde con informes de organizaciones como Global Witness, Front Line Defenders y el Comité Cerezo México, al menos 363 activistas fueron asesinados en el país durante los últimos cuatro años, en contextos relacionados con su labor, a menudo ligada a conflictos con el crimen organizado, intereses económicos o represión estatal.

Defensores ambientales e indígenas: el costo de proteger la tierra

Los defensores ambientales, particularmente indígenas, son uno de los grupos más afectados. En 2020 el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) registró 18 asesinatos contra activistas.

Dos casos conocidos son el defensor del hábitat de la mariposa monarca, Homero Gómez González, y Karla Valentina Camarena del Castillo, activista por las personas trans.

El cadáver de Homero lo encontraron el 30 de enero en un pozo de Michoacán, 15 días después de su desaparición.

Familiares dijeron que el ambientalista recibió amenazas de un grupo del crimen organizado. Homero, de 50 años, administraba un santuario de mariposas en la ciudad de Ocampo, Michoacán.

Karla Valentina era mujer trans y coordinadora de la Red Mexicana De Mujeres Trans del Estado de Guanajuato; la asesinaron a balazos el 30 de marzo, en San Felipe, en ese mismo estado.

Al siguiente año, Global Witness registró 54 asesinatos de activistas en México, el país más peligroso para dedicarse a ello en aquel 2021.

Entre las víctimas destacaron como las de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez, asesinados en abril de 2021 en Sonora tras oponerse a una minera de oro. También estuvo Fidel Heras Cruz, defensor del río Verde en Oaxaca, y ultimado en enero de 2021.

Para 2022, investigaciones y reportes documentaron el asesinato de al menos 72 activistas; encabezó la lista Rosendo Gonzáles Torres, indígena wixárika, asesinado en San Andrés Cohamiata, Mezquitic, Jalisco.

Tras ser secuestrado junto con su nieto, fueron maniatados, torturados y despeñados en una barranca. Murieron por ahorcamiento y disparo de arma de fuego. Rosendo era parte de una familia defensora de la tradición, territorio y derechos del pueblo Wixárika.

La última vida arrebatada de ese año fue la de Víctor Moisés Galicia Silva, de 30 años, el 5 de diciembre. Activista comunitario, promotor cultural del skate y el deporte entre los jóvenes. Fue asesinado por sujetos desconocidos en el interior del Parque Skate las Avispas, en Chilpancingo, Guerrero.

En 2023, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó 20 asesinatos, más del 70 por ciento fueron indígenas.

En este año figuraron algunas víctimas como: Remigio de la Cruz López, ultimado el 1 de enero en Guerrero por disputas territoriales; Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano, abatidos el 13 de enero en Michoacán por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y Alfredo Cisneros Madrigal, asesinado el 21 de febrero en Michoacán por combatir la tala ilegal.

También estuvieron Eustacio Alcalá Díaz, desaparecido y hallado muerto en abril entre Michoacán y Colima; Félix Vicente Cruz, tiroteado el 13 de abril en Oaxaca por oponerse al corredor transístmico; Gertrudis Cruz de Jesús y Cliserina Cruz Merino, emboscadas el 15 de junio en Oaxaca; Noel López Gallegos, encontrado muerto en julio en Oaxaca; Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, secuestrado y hallado en agosto en Michoacán; e Higinio Trinidad de la Cruz, desaparecido y muerto en noviembre en Jalisco.

Otro caso fue el de Abisaí Pérez Romero, estudiante y periodista ambiental, fue encontrado muerto en Hidalgo tras investigar contaminación.

En 2024, 25 personas defensoras del medio ambiente y el territorio fueron asesinadas debido a la labor que desempeñaban; mataron a 21 activistas por homicidio y a cuatro los ejecutaron extrajudicialmente, es decir, con la participación de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.

Defensores de derechos humanos

El Comité Cerezo documentó 25 ejecuciones extrajudiciales en 2021, siete en Oaxaca; 14 en 2023. Amnistía International destacó a David Hernández Salazar, Jorge Cortina Vázquez y Alberto Cortina Vázquez (noviembre 2024, Jalisco), Lorenza Cano Flores (enero 2024, Guanajuato) y Angelita Meraz León (febrero 2024, Baja California), todos miembros de colectivos de búsqueda de desaparecidos, asesinados con impunidad.

Activistas políticos

La violencia se intensificó durante las elecciones de 2024, con al menos 37 candidatos asesinados, incluyendo Gisela Gaytán (abril 2024, Guanajuato), Bertha Gisela Gaytán (abril 2024, Guanajuato), Armando Pérez Luna (febrero 2024, Michoacán) y Cecilia Ruvalcaba (mayo 2025, Jalisco).

Asesinatos de 2025

En 2025, el caso más reciente se trata del de Bernardo Bravo Martínez, presidente nacional de los limoneros y líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), quien fue asesinado en Michoacán.

El hecho se produjo poco después de su participación en manifestaciones, donde exigió precios justos para el limón y denunciaba extorsiones contra el sector en la región de Tierra Caliente.

También están Ximena Guzmán y José Muñoz, activistas de Morena, fueron ultimados el 20 de mayo en Ciudad de México. Integralia Consultores reportó 268 ataques relacionados con elecciones desde 2023.

El defensor de la tierra y el territorio, Cristino Castro Perea, de 63 años, fue asesinado a balazos en el municipio de Santiago Astata, en el Istmo de Tehuantepec.

Era parte del Colectivo Defensores Ambientalistas de la Barra de la Cruz, y estaba incorporado al mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), murió tras ocho días en un hospital privado de Acapulco, Guerrero, luego de que el 18 abril fuese baleado por un sujeto en la playa Icacos, luego de finalizar sus actividades como prestador de servicios turísticos.

Marco murió sin localizar a su hermano Vicente, desaparecido desde 2021, cuando manejaba un taxi colectivo en la colonia Ciudad Renacimiento. Aún no se sabe de su paradero.

Arnoldo Nicolás Romero, comisariado de bienes comunales de Buena Vista, San Juan Guichicovi, y defensor de derechos humanos y el territorio en el istmo de Tehuantepec, fue hallado muerto el 22 de enero, de acuerdo con los Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

Arnoldo llevaba desaparecido desde el 17 de enero; su cuerpo fue encontrado con múltiples impactos de bala en un rancho entre Santa Ana y Guichicovi.

María del Carmen Morales, madre activista para la búsqueda de personas desaparecidas, y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales fueron asesinados en un ataque armado, la madrugada del 19 de abril, en Jalisco, México. Asimismo, Teresa González Murillo murió el 2 abril, tras seis días de agonizar en un hospital, por el ataque de un arma de fuego. Las dos mujeres clamaban justicia por la desaparición de sus hijos, en el mismo estado. (JRLM)