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De enero a julio se documentaron 51 casos de acoso judicial, se acusó en foro sobre libertad de expresión
Conferencia en la Ibero
Foto: Cortesía
Durante el panel Libertad de expresión y ciberseguridad, periodistas y especialistas coincidieron en que en Puebla persiste un ambiente de hostigamiento hacia la prensa y se han reforzado los mecanismos para controlar, censurar o intimidar a voces críticas del gobierno.
En su participación, el director de e-consulta, Rodolfo Ruiz, explicó que uno de los factores que más han afectado el ejercicio de la libertad de expresión son las permanentes descalificaciones a medios y periodistas en las conferencias matutinas de la Presidencia de la República y la gubernatura de Puebla.
Mencionó también el debilitamiento de los poderes que antes funcionaban como contrapeso, así como la eliminación de organismos autónomos como el INE, el INAI y la Auditoría Superior de la Federación, deja más vulnerables a los medios críticos.
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El periodista advirtió que, con la actual administración estatal, encabezada por Alejandro Armenta, regresó el modelo conocido como “tripack”, mediante el cual la Coordinación de Comunicación Social controla convenios y pautas no solo del gobierno estatal, sino también de la BUAP, el Congreso y los principales ayuntamientos del estado.
“El Quién es quién llegó a Puebla con el detector de mentiras para denostar a medios y periodistas que el gobernador busca aniquilar. Aquí también se han dado iniciativas para socavar la libertad de expresión, amedrentar a los críticos de las autoridades locales y encarcelar a periodistas, influencers y líderes de opinión”, declaró.
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Recordó además que el gobierno aprobó la llamada Ley de Ciberasedio, una normativa que, aunque fue modificada tras la presión de periodistas y activistas aún conserva redacciones ambiguas y subjetivas.
Añadió que, paradójicamente, el gobierno de Puebla obligó a trabajadores estatales a publicar mensajes favorables al gobernador a través de la aplicación Nódica.
Por otra parte, el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, especialista en ciberseguridad, reveló que tuvo acceso a la base de datos completa de Nódica y comprobó el uso de la plataforma para coordinar mensajes para a favor del gobierno desde cuentas personales de empleados.
“Tuve acceso a toda la base de datos de Nodica y pude ver quiénes eran los que estaban ahí. Aun así, salieron a decir que todo era falso, cuando todo está documentado. Me llegaron algunos avisos a nivel federal de una posible detención por estar tratando este tipo de temas”, señaló.
Gómez Villaseñor añadió que recibe quejas diarias de trabajadores que son presionados para “adular al gobernador” y que incluso se le impidió dar entrevistas a nivel nacional sobre el tema.
“Me llegaron algunos avisos a nivel federal de una posible detención por estar tratando este tipo de temas. Es algo bien complicado visibilizarlo, tenemos que hacer equipo y no operar de forma separada, juntarnos la academia, periodistas y organizaciones para visibilizar lo que está ocurriendo”, subrayó.
Por su parte, Silvia Ruiz, coordinadora de Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19, advirtió que México vive un momento histórico donde la censura se está normalizando a través de leyes y reformas.
La aprobación de este delito no es un hecho aislado, sino parte de un contexto más amplio de acontecimientos en el país. Se trata de una medida que podría utilizarse como herramienta para censurar a las voces críticas y que, además, vulneran principios básicos del derecho penal.
De acuerdo con datos de la organización, de enero al 31 de julio se documentaron 51 casos de acoso judicial, lo que representa un caso cada cuatro días.
“De estos casos, 23 fueron por personas funcionarias públicas, 18 por particulares y 10 por integrantes de partidos políticos o candidaturas”, detalló.
Ruiz señaló que este tipo de acoso se ejerce por vías civil, penal o administrativa, principalmente desde funcionarios públicos, y que el fenómeno se ha agravado desde el sexenio pasado, cuando se intensificó la estigmatización de periodistas y medios críticos.
“El sexenio pasado se agudizó el señalamiento de periodistas y eso generó un ambiente hostil; ahora todo esto se llevó a tribunales para callar o demandar a quienes incomodan”, concluyó. (MCJ)