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Gobierno
El coordinador del gabinete justificó la corrupción en la FGE y señaló que es resultado de la inestabilidad política
José Luis García Parra, coordinador de gabinete del gobierno del estado
Foto / Gran Angular
La corrupción que existe en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se debe a la inestabilidad política con los ocho gobernadores que ha tenido la entidad y los cambios de mandos que realizaron.
Así lo consideró el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, al recordar que en la última década el estado ha tenido ocho gobernadores, los cuales realizaron cambios en su momento y en ningún ciclo se siguió una misma línea o políticas públicas.
Por lo que indicó que esto afectó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la FGE, generando corrupción en ambas instituciones.
"En la última década Puebla ha sufrido con estos cambios de gobierno, ocho gobernadores en una década. Ha sufrido mucha inestabilidad política, de seguridad y desde luego que de procuración de justicia. Porque al ir cambiando tantos mandos, no se da seguimiento a una directriz, a un plan, a políticas públicas, a estrategias. Y con todos estos cambios, desde luego que en seguridad pública y en Fiscalía, hubo quienes aprovecharon para generar círculos de corrupción", explicó.
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Añadió que tras la llegada de la fiscal Idamis Pastor Betancourt, se contaba con encargados de despacho en las Fiscalías Especializadas.
Sin embargo, García Parra reiteró su respaldo a los cambios que está realizando la fiscal y que serán avalados por el Congreso del Estado.
Destacó que se trata de poblanos que llegarán a estos cargos y no permitirán que dañen a Puebla, indicando que se trata de una nueva etapa y una depuración en la FGE, pero también puntualizó que se mantendrá vigilancia del actuar de las Fiscalías Especializadas y su eficiencia.
Recientemente, la FGE anunció la renuncia de cinco fiscales especializados que llegaron a la par de la fiscal, Idamis Pastor Betancourt, provenientes del Estado de México, debido a su presunta participación en actos de corrupción y extorsión en contra de empresarios poblanos. (MIG)