Te puede interesar:
Puebla, tercer lugar nacional en trata de personas
Seguridad
Integrantes de la Voz de los Desaparecidos coinciden en que no basta con que las autoridades reporten cifras, pues falta investigación efectiva
Mujeres en rueda de prensa
Foto: Paola Morales Calderón
En Puebla, la desaparición de mujeres jóvenes sigue dejando a familias en una incertidumbre que se prolonga por años. A pesar de que madres buscan y entregan pruebas a las autoridades, estas mantienen investigaciones incompletas o sin una línea clara de seguimiento.
Tal es el caso de Karla Alejandra, de 25 años, desaparecida el 14 julio de 2024. Su madre, Gabriela Flores, ha llevado a la Fiscalía General del Estado (FGE) pistas que ella misma ha recabado, aun así el caso continúa sin una línea de investigación activa.
“Mi hija desaparece el 14 de julio del 2024 y hasta la fecha no he sabido nada de ella. Tampoco tengo una línea de investigación, mucho menos avances, solo me mantienen informada, pero no hay una investigación real, hay demasiadas omisiones”, declaró.
Te puede interesar:
Puebla, tercer lugar nacional en trata de personas
Las madres que integran Voz de los Desaparecidos coinciden en que no basta con que las autoridades reporten cifras, lo que falta, es investigación efectiva, ya que nunca han visto un caso cercano resuelto, ni una recuperación que les permita tener una esperanza.
“Lo único que pido es que esto sirva como método de prevención, porque las desapariciones van en aumento, no han bajado. Se dicen muchas cosas, pero solo son estadísticas y yo no me he percatado de que recuperen a alguien desaparecida y la presenten como tal”, señaló Gabriela.
Karla Alejandra Tela Flores fue vista por última vez cuando salió de su domicilio en la colonia Viveros del Valle rumbo a Amozoc, sus familiares informaron que ella no tenía pareja ni mantenía contacto con alguien con quien pudiera haberse ido voluntariamente.
Te puede interesar:
Medio año y no hay vinculados a proceso por trata de personas en...
Aun así, no hubo una investigación inmediata.
Eugenia Rojas, madre de Fabiola Narváez Rojas, vive un dolor parecido desde 2021, cuando su hija desapareció el 13 de enero de ese año, tras ser vista en las inmediaciones de la Central de Abasto.
“Desde ese momento hasta ahorita no se ha sabido nada de ella. Ella desapareció por la Central de Abastos”, relató.
Fabiola y su amiga Betzabé habían salido de su domicilio en Villa Frontera para realizar trámites relacionados con una tarjeta de crédito, desde entonces, ninguna de las dos volvió a casa.
En su caso, la investigación sí registró avances, cuando varias personas inicialmente detenidas por delitos de narcotráfico fueron vinculadas como responsables de la desaparición de ambas jóvenes.
A pesar de ello, Eugenia no recibió ninguna información sobre paradero de su hija.
“Por eso me interesa este tipo de eventos. Porque quiero saber si mi hija fue atrapada de ese lado, si está en situación de trata o qué es lo que pasa”, declaró.
Mientras las familias buscan por su cuenta, las investigaciones académicas presentan otro panorama, durante el conversatorio Tramas de la Trata de Puebla y Tlaxcala, la doctora María del Rosario Arrambide González explicó que entre 2015 y 2022 se identificaron 280 víctimas de este delito en Puebla, aunque reveló que esta cifra podría ser mucho más alta.
La especialista detalló que este delito opera con víctimas trasladadas de un lugar a otro para romper redes de apoyo y dificultar su localización.
Con base en datos oficiales del Secretariado Ejecutivo, Arrambide señaló que 2021, 2023 y los primeros nueve meses de 2025 registraron incrementos significativos, incluido un pico de 23 víctimas contabilizadas hasta septiembre de ese último año.
Sin embargo, insistió en que estas cifras apenas reflejan una mínima parte del problema, ya que más del 90 por ciento de los delitos totales no se denuncian.
Entre 2015 y 2022, la mayoría de las víctimas registradas formalmente fueron mujeres y niñas, pero la Fiscalía dejó sin clasificar el sexo de más de una quinta parte de los casos y tampoco registró la edad de más de 100 víctimas.
Para la investigadora, este desorden muestra que la institución encargada de investigar el delito carece incluso de los datos básicos para dimensionarlo. (MCJ)