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Sociedad
Afirmaron que la solución no puede construirse normalizando actividades que promueven el exceso de velocidad
Indicador de velocidad de vehículo
Foto: Pixabay
Un total de 20 organizaciones poblanas, entre ellas Puebla Vigila y Participación Activa, externaron su preocupación ante la reciente propuesta del gobierno del estado de Puebla para legalizar los llamados “arrancones” y permitir su realización en espacios controlados autorizados por la autoridad.
Si bien coincidieron en la necesidad de atender las prácticas de conducción riesgosa que ocurren de manera clandestina, mediante un comunicado afirmaron que la solución no puede construirse normalizando actividades que promueven el exceso de velocidad.
La seguridad vial exige políticas basadas en evidencia, no en apuestas populistas que incrementan el riesgo para toda la Sociedad, sentenciaron las sociedades.
Asimismo, extendieron sus condolencias a las familias de las tres personas fallecidas en el siniestro del pasado fin de semana en la Vía Atlixcáyotl, en Puebla.
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“Ningún joven debería morir en un siniestro de tránsito. Las muertes por esta causa son prevenibles, y es responsabilidad de las autoridades garantizar la no repetición de este tipo de eventos”, afirmaron.
También subrayaron que en México, los siniestros viales son la principal causa de muerte de personas jóvenes entre 15 y 29 años.
De acuerdo con los grupos, la conducción a alta velocidad, incluso en un espacio controlado, sigue siendo riesgosa.
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Pusieron como ejemplo todas las precauciones y medidas que se implementan en eventos de automovilismo deportivo, las cuales hacen de esa actividad una que requiere de cuantiosos recursos económicos, inspecciones vehiculares, capacitación a personal, revisión, mantenimiento para llantas, frenos y luces para que estén en buen estado y pruebas de estado etílico previas a las competencias.
“No se trata sólo de abrir una pista y permitir su uso. Hay responsabilidad civil involucrada desde quien organiza estos eventos, gestiona los espacios y participa en los mismos”.
Para prevenir accidentes de este tipo instaron a no legalizar competencias de aceleración, ya que se normalizaría y promovería una conducta que los gobiernos deberían desalentar, especialmente en un estado con problemas de seguridad pública.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) establece el mandato de reducir los factores de riesgo, entre ellos la velocidad, y obliga a las autoridades a priorizar la vida y la integridad de las personas.
Ante esto, las asociaciones mencionaron que cualquier política que incentive prácticas de riesgo va en sentido contrario a esta obligación.
En su lugar, urgieron a:
También señalaron que las familias de víctimas merecen respeto y que legalizar arrancones en un estado donde miles de familias han perdido a un ser querido por hechos viales envía un mensaje doloroso e irresponsable. (MCJ)