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Salud
La red de nombres que sostiene la impunidad en El Batán
El Batán opera bajo reglas no escritas, donde el silencio institucional pesa más que cualquier protocolo y donde la impunidad se hace costumbre
Fachada del centro psiquiátrico El Batán con sombras al frente
Foto: e-consulta
La única manera de contener las denuncias por violaciones, acoso sexual, agresiones físicas contra estudiantes y pacientes y los diferentes abusos que ocurren dentro del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano El Batán es mediante una afinada red de tolerancia que sostiene estas prácticas.
Es una estructura conformada por un empoderado sindicato capaz de colocar y defender a familiares y aliados y una contraparte patronal que mantiene una complicidad que beneficia a las partes.
Los testimonios recabados por meses por e-consulta con pacientes, familiares, estudiantes y algunos empleados coinciden en que Joel Hernández Cholula representante sindical de la Sección 82 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) y Julieta Pérez Pérez, exsecretaria general y a quien señalan como la verdadera tomadora de decisiones, consolidaron un sistema donde la protección interna, el nepotismo y la impunidad es el engranaje cotidiano.
Bajo esta estructura, conductas que deberían ser sancionadas como el abuso sexual, el consumo de alcohol, las amenazas, los robos y la violencia, se han vuelto parte del día a día dentro del hospital.
Mafia sindical, un control interno
El poder sindical se refleja en los nombres que se repiten en las asignaciones de plazas y ascensos acelerados. Obtener una base o conservar ciertos privilegios depende más de la cercanía con la dirigencia que el desempeño o la antigüedad.
Ejemplo claro es el de Ana Laura Hernández Cholula, hermana del líder sindical Joel Hernández Cholula, otro es el de Juana Laura Arroyo López, expareja del actual director del hospital José Antonio Aguilar, ambas obtuvieron su base de auxiliar de enfermería en menos de un año, sin cumplir los procesos ni la antigüedad requerida.
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La base irregular generó una inconformidad contenida entre trabajadoras que lleva años esperando una oportunidad. Muchos callaron, pero han visto la manera de ganar de otra forma.
El beneficio familiar también alcanza a otras áreas, desde la cartera de conflictos del sindicato. Valentín Morales Pérez logró que su hijo, Miguel Morales Flores, fuera nombrado médico general con base federal, aunque varios opinaron que no atiende a pacientes y se niega a realizar traslados en casos graves.
Un patrón parecido se observa con el psicólogo clínico Tadeo Estrada Guevara, amigo de líder sindical, quien ha colocado a distintos familiares dentro del hospital, como a su hermana Nadia Estrada Guevara, y a su cuñado José Arellano Mendoza, un enfermero ausente conocido por problemas de adicción.
La lista continúa y de la gran mayoría se pudo comprobar su alta en la Plataforma Nacional de Transparencia, apellidos como Tzilin, Monzón, Luna Rojano y Nolasco aparecen en varias áreas, conformando grupos familiares con influencia en decisiones internas que cubren anomalías e intimidan a quien intente denunciar irregularidades.
Alcohol, amenazas y ausencias sin control
A este ambiente se suma la negligencia laboral. En un acta circunstanciada fechada el 22 de enero de 2024, se documentó que Mario Ernesto Ramírez Perea, personal de base del área de Cocina con jornada matutina, registró su entrada a las 07:30 horas, pero nunca se presentó en su puesto.
Oficio Mario Ernesto Ramírez Perea by reportero econsulta
Tiempo después fue ubicado dormido en su vehículo, Juanita Vanessa Rodríguez y el doctor Gustavo Sartillo Soto, lo sorprendieron mientras realizaban un recorrido de supervisión.
Al ser confrontado, Mario Ernesto dijo que se había sentido mal del estómago, pero no avisó a sus superiores ni solicitó atención médica, pero su versión no resultó convincente, pues no existía registro de malestar previo.
Tolerancia al consumo de alcohol
Los jueves y viernes desde el mediodía el área de mantenimiento del Batán se convierte en un punto de reunión donde circulan cervezas y botellas. Las fuentes señalan que el propio líder sindical, Joel Hernández Cholula, suele llegar con mochilas llenas de bebidas para repartirlas entre sus allegados.
En medio de ese ambiente de desafío, algunos empleados llegan, registran su entrada en el reloj biométrico, abandonan el hospital durante toda la jornada y regresan únicamente para marcar la salida.
Los convivios impunes se reportan con mayor frecuencia en las áreas de mantenimiento, cocina, enfermería e incluso en la oficina sindical.
La música a alto volumen y las reuniones improvisadas adentro del hospital forman parte de la rutina, especialmente en fines de semana y durante el turno nocturno, cuando el manto de la complicidad y el silencio es aún más grande.
Hay perfiles bien identificados por presentarse bajo los efectos del alcohol: Artemio Almazán Puebla, Pablo Rodríguez Sánchez, José Miguel Pacheco Martínez, José Elio Rodríguez Vázquez, Joaquín Rosendo y Javier Pérez Moreno.
Y como ocurre en las borracheras callejeras han protagonizado peleas, agresiones verbales y episodios de acoso contra compañeras que temen por su integridad en su propio lugar de trabajo.
Un hecho concreto que saltó dentro de la serie de entrevistas fue cuando José Alfonso Gutiérrez amenazó con una pistola en la cabeza a un trabajador eventual que había reportado las ausencias y conductas indebidas del personal alcoholizado.
La agresión fue directa y violenta. Aunque el incidente se notificó a la dirección del hospital no hubo consecuencias, el trabajador que denunció prefirió renunciar por miedo a ser asesinado en alguna borrachera.
Este tipo de amenazas, según los entrevistados, forma parte de un clima de intimidación que protege a quienes están alineados con el sindicato.
El silencio institucional y la protección sindical permiten que estas conductas persistan, dando la impresión de que se ha normalizado las malas costumbres y los que intentan cumplir con sus responsabilidades viven bajo un clima de miedo y abuso.
La comida de los pacientes convertida en mercancía
Otra forma de corrupción se presenta en aspectos básicos como la alimentación de los pacientes, lo que debería ser un servicio esencial y cuidadosamente administrado, se convirtió en una fuente de robo interno.
Desde hace años opera una red de sustracción de víveres dentro del área de cocina, encabezada hasta ahora por Mireya Olivier Gutiérrez, coordinadora del área, quien aparentemente tiene una relación sentimental con el director José Antonio Aguilar Domínguez.
La estrecha cercanía blinda cualquier situación que ocurra en la cocina como quejas, reportes y solicitudes de investigación.
En este amparo también cabe la familia Quintero, que durante más de dos décadas ejerce control sobre la cocina.
Guillermina Quintero Casales, junto con sus hijas Mónica Ramos Quintero y Esther Ramos Quintero, maneja la entrada y salida de alimentos en donde las frutas, verduras, carnes y productos enlatados desaparecen de forma cotidiana.
La cocina del Batán está en el punto en el que la familia que administra tiene una tienda instalada en su propia casa abastecida con mercancía que salió del hospital.
Otro coto es el de la familia Monzón, integrada por Alejandra Estrada Monzón quien aparece en la Plataforma Nacional de Trasparencia como afanadora y Roselia Estrada Monzón como apoyo administrativo en salud, quienes participan en prácticas similares.
Aunque Alejandra ya había sido señalada por malos manejos financieros, lejos de recibir una sanción, fue reubicada al área de víveres, donde tiene acceso directo a los alimentos de mayor calidad.
Un sistema que se sostiene sobre el silencio
Este recorrido que hizo e-consulta por el Hospital Psiquiátrico El Batán durante este año evidencia que no se trata de casos aislados. Lo que aparece una y otra vez en testimonios, documentos internos y relatos de pacientes y trabajadores que demuestran un sistema sostenido por una red de protección y complicidad.
Las historias del hospital no giran en torno a las vivencias de pacientes, sino a funcionarios que los cubre la complicidad y donde las víctimas están desprotegidas y sus denuncias se diluyen en trámites internos.
El Batán opera bajo reglas no escritas, donde el silencio institucional pesa más que cualquier protocolo y donde la impunidad se hace costumbre.
Después de dos días de publicaciones documentadas no existe réplica formal del IMSS-Bienestar que está cargo desde enero, o de la Secretaría de Salud del Estado que lo mantuvo por años.
Quizá el silencio llega hasta las estructuras más altas. Quizá apuesten al olvido de los lectores, de los afectados y de los mismos involucrados, porque en El Batán, quienes denuncian son aislados y quienes deberían cuidar a los pacientes forman parte del problema.
El hospital seguirá guardando historias entre sus pasillos, secciones y villas, en un punto alejado de la ciudad, curiosamente junto a la cárcel de Puebla, otro espacio de miedo.
Historias que, por ahora, siguen dependiendo del valor de quienes deciden contarlas. (CR)