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Nación
El pacto binacional fija obras y financiamiento para atender de fondo las descargas del río Tijuana
México y Estados Unidos acuerdan solución al saneamiento del río Tijuana
Foto: Wikipedia
México y Estados Unidos firman un acuerdo binacional para atender de forma estructural la crisis de aguas residuales del río Tijuana, un problema que por décadas ha impactado a comunidades fronterizas, playas y ecosistemas en el norte de Baja California y el sur de California.
El entendimiento entra en vigor este 15 de diciembre de 2025 y establece una ruta de acciones con alcance técnico, financiero y de gobernanza.
El acuerdo formaliza una hoja de ruta para ejecutar obras de saneamiento en Tijuana, con infraestructura de tratamiento de aguas y control de sedimentos, además de planes de operación y mantenimiento diseñados para sostener los resultados en el tiempo.
El enfoque incorpora planeación hídrica a largo plazo, con estudios que consideran el crecimiento urbano y reducen el riesgo de nuevas contingencias.
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Entre los compromisos centrales figura un esquema de corresponsabilidad financiera que respalda la operación y conservación de la infraestructura del lado mexicano.
La medida reconoce que el saneamiento fronterizo requiere soluciones compartidas y permanentes, no acciones aisladas.

El plan prioriza proyectos clave y un plan maestro de infraestructura hídrica para Tijuana, junto con obras estratégicas como nuevas plantas de tratamiento y estructuras para retener sedimentos antes de temporadas de lluvia.
La agenda incluye investigación y monitoreo reforzado, con indicadores para evaluar descargas, calidad del agua y efectos en zonas costeras.
La crisis del río Tijuana ha generado cierres recurrentes de playas, afectaciones ambientales y riesgos a la salud pública por descargas sin tratar.
A diferencia de acuerdos previos, el nuevo marco busca una solución integral y de largo plazo, con metas verificables y coordinación continua entre ambos países.
El entendimiento da continuidad a compromisos técnicos previos y acelera su ejecución con plazos definidos.
Con ello, se pretende reducir descargas, proteger ecosistemas y ofrecer certidumbre a las comunidades que dependen de la calidad del agua para su bienestar y actividades económicas. (LV)
Con información de Reforma, López-Dóriga, Gobierno de México