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Sociedad
Artículo 19 llamó a la FGE a abstenerse de utilizar el proceso penal como mecanismo de represalia contra la prensa
Fachada de la FGE (Foto ilustrativa)
Foto / Gran Angular
Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) reactivara, tras cinco años, un proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra Rodolfo Ruiz, director del portal e-consulta, Artículo 19 exigió alto al uso del derecho penal, así como garantía al debido proceso contra el periodista.
“La investigación en contra del periodista tiene su origen hace cinco años y es realizada por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) de la FGE, por el supuesto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Este proceso representa un uso abusivo del derecho y se vislumbra como una represalia por sus publicaciones en las cuales expone extorsiones a empresarios por funcionarios de la Fiscalía”, señaló la organización.
Artículo 19 enfatizó que el trabajo periodístico de Rodolfo Ruiz ha impulsado investigaciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de funcionarios dentro de la propia Fiscalía poblana, resultando en la destitución de los titulares de la Fiscalía de Investigaciones de Operaciones con Recursos Ilícitos y de la Fiscalía de Alta Incidencia por extorsión a empresarios.
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“Llamando la atención que la propia fiscalía que Rodolfo expuso, sea ahora quien entregue a un juez de control una carpeta que tardó 5 años en integrar”.
El 17 de diciembre, después de violaciones al debido proceso por parte del ministerio público y omisión de garantías procesales por parte del abogado Joel Daniel Baltazar Ávalos, juez de Control del Sistema Acusatorio y Adversarial de la Región Judicial Centro, con Sede en Puebla, se formalizó imputación en contra del periodista y se le impusieron medidas cautelares como firmas mensuales y la prohibición de salir del país.
“Artículo 19 detectó violaciones al descubrimiento probatorio, en consecuencia faltas al principio de lealtad y por ende violaciones al debido proceso, consagrado en la Constitución mexicana en su artículo 20 A), así como en el 8.2 c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales establecen que el Estado debe garantizar a toda persona imputada que tendrá todo el tiempo y los medios necesarios para preparar su defensa de manera adecuada.
“De igual manera, Artículo 19 expresa su preocupación por el bloqueo a medios de comunicación durante el proceso. La organización le recuerda a la autoridad juzgadora que el principio de publicidad es uno de los rectores del sistema acusatorio penal, así señalado en el artículo 5to del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sirve para garantizar la transparencia y el buen derecho, entre otros, limitando la presencia de público y medios para garantizar derechos victimales, en audiencias en las que se prevea participación de menores de edad o, se trate de delitos de índole sexual. Sin embargo, el juez de Control determinó que las audiencias fueran a puerta cerrada, desalojando incluso a familiares y medios de comunicación de la sala sin justificación alguna.
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En un comunicado, la organización puntualizó que el uso de procesos judiciales o ministeriales en contra de periodistas por parte de autoridades, “pretende el silenciamiento, la autocensura, y en este caso la represalia por haber documentado periodísticamente delitos por parte de funcionarios de la propia Fiscalía que hoy son acusadores. Esta organización documentó en los primeros siete meses de este año al menos 51 casos de acoso judicial contra la prensa, siendo Puebla un estado clave donde se repiten estos patrones desde hace ya varios años”.
Artículo 19 precisó que esta no es la primera vez que e-consulta y Rodolfo Ruiz han sido víctimas de acoso judicial.
En anteriores administraciones gubernamentales, e-consulta y su director, Rodolfo Ruiz, fueron víctimas de más de ocho procesos por distintas vías legales.
En vista de lo anterior, Artículo 19: