Alpanocan denuncia hostigamiento y fuerza pública por conflicto territorial

La comunidad indígena de San Antonio Alpanocan, pueblo nahua del municipio de Tochimilco, emitió un pronunciamiento público en el que denuncia presuntos actos de hostigamiento, criminalización y uso indebido de la fuerza pública, en el contexto del conflicto territorial que mantiene con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En el documento, dirigido a instancias federales, estatales y municipales, así como a la opinión pública y a los medios de comunicación, San Antonio Alpanocan señala que fuerzas de seguridad ingresaron recientemente a la zona del conflicto.

Esto sin consulta previa ni aviso, con la intención de realizar intervenciones que —aseguran— afectan directamente sus bienes comunes, medios de vida y el acceso al agua.

Ante esta situación, habitantes de San Antonio Alpanocan se organizaron de manera pacífica para exigir el respeto a su territorio.

Esta acción derivó en el retiro de los cuerpos de seguridad y evitó —según el propio comunicado— una escalada mayor del conflicto.

La comunidad recordó que su actuar se encuentra amparado en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, al territorio, a la protección de sus recursos naturales y a la participación plena en las decisiones que les afectan.

En ese sentido, subrayaron que la defensa del agua y de sus límites territoriales no constituye un acto ilegal, sino el ejercicio legítimo de derechos colectivos.

Asimismo, denunciaron prácticas de discriminación y racismo derivadas de su pertenencia al pueblo nahua, reflejadas —señalan— en la falta de escucha institucional, el trato diferenciado y el uso recurrente de la fuerza pública frente a demandas que deberían atenderse desde un enfoque de derechos humanos y justicia territorial.

Entre sus principales exigencias, San Antonio Alpanocan solicita el cese inmediato del hostigamiento y criminalización de su lucha social; el respeto irrestricto a sus derechos colectivos; la reactivación de espacios de diálogo genuino con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Así como el reconocimiento de que el conflicto de fondo es la falta de delimitación territorial, una problemática histórica que requiere una solución integral, definitiva y justa.

Finalmente, la comunidad reiteró su disposición a construir soluciones pacíficas mediante el diálogo, siempre que se garantice la dignidad, autonomía y derechos de su pueblo, al tiempo que advirtió que la paz social no puede imponerse mediante la fuerza ni la criminalización. (KR)