Plantean regular costos y seguridad en servicios funerarios

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, Claudia Rivera Vivanco presentó una iniciativa para reformar el artículo 115 constitucional y regular servicios funerarios en México, con el objetivo de frenar cobros excesivos y atender riesgos sanitarios y de seguridad que enfrentan las familias durante el duelo.

La propuesta reconoce como servicio público a toda la cadena funeraria —velación, cremación y traslado de restos— y plantea que los municipios asuman la rectoría.

Con ello, los ayuntamientos podrían establecer tabuladores de precios, otorgar concesiones con reglas claras y vigilar el cumplimiento de normas ambientales y sanitarias.

El planteamiento parte de un diagnóstico: la regulación vigente data de 1983 y no responde a la realidad actual.

Ese rezago generó un vacío legal que permitió incrementos de tarifas de hasta 100 por ciento en los últimos años, con paquetes que superan los 50 mil pesos y limitan el acceso a una despedida digna.

Rivera Vivanco explicó que fortalecer la competencia municipal permite proteger a la ciudadanía en momentos de mayor vulnerabilidad.

“El municipio tiene facultades y obligaciones en servicios públicos; hoy falta vigilancia sanitaria y reglas claras”, señaló al defender la reforma.

El proyecto también atiende riesgos de seguridad y salud pública. De acuerdo con los datos expuestos, más del 60 por ciento de los cementerios en zonas metropolitanas operan bajo administración privada sin controles periódicos, lo que dificulta la rendición de cuentas sobre servicios realizados y abre espacio a prácticas irregulares.

En el ámbito ambiental, la iniciativa advierte sobre emisiones de dióxido de carbono de hornos crematorios que funcionan sin supervisión efectiva.

Sin facultades sancionadoras, las normas actuales carecen de aplicación real, por lo que la reforma busca dotar a los municipios de herramientas para vigilar y, en su caso, sancionar.

De avanzar en el Congreso, la propuesta establecería un marco para regular costos, elevar estándares y garantizar seguridad funeraria con enfoque local y control público. (LV)